I. La responsabilidad individual de los particulares

 
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Materia:    La corte penal internacional

Título:    I. La responsabilidad individual de los particulares




Lo señalado es ya un gran adelanto del Derecho Internacional, pero es mas significativo y de importantes posiciones problemáticas, entender que la competencia del Tribunal se extiende también a los particulares, como se puede deducir del Articulo 25 del Estatuto:

"1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto".

Este principio reafirma la tendencia ya afianzada en las Naciones Unidas. En varias ocasiones el Consejo de Seguridad había invocado este principio, para prevenir a los responsables de las situaciones de Somalia y Burundi.

En ambos casos el Consejo recordó que "todas las personas que cometan o autoricen la comisión de serias violaciones a la ley internacional humanitaria son responsables individualmente por tales violaciones".(15)

El problema se presenta en relación con el concepto de "violación de los Derechos Humanos".

Si bien es cierto que el Estatuto no utiliza tales términos, sin embargo dado que los delitos que caen bajo la competencia de la Corte se refieren no solo a situaciones de enfrentamiento armado interno o internacional sino también a situaciones de ejercicio regular del gobierno de los Estados, se consideraría por este hecho que la Corte seria la instancia punitiva o coercitiva exigida para imponer obligatoriamente el respeto de los derechos humanos, establecido en tantos instrumentos jurídicos internacionales.

De otra parte, esta referencia, "tiempos de guerra o no", ha sido la base utilizada por los expertos para hacer la distinción entre Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se hablara de Derechos Humanos en situaciones normales y de Derecho Internacional Humanitario para las situaciones de conflicto armado. Por tanto desde una tal visión no habría grandes sobresaltos para admitir que la Corte dirige su competencia hacia las conductas violatorias tanto de Derechos Humanos como del Derecho Internacional Humanitario.

El enfoque anterior sin embargo choca contra la concepción de que solo se considera como "violación de los Derechos Humanos" las acciones del Estado y las conductas de sus autoridades. La razón de una tal afirmación estaría en la consideración de que al Estado corresponde en esencia la protección de los derechos humanos y así solo él los puede violar. Este es el pensamiento por ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la Convención."(16)

Desde este ángulo sostener que los grupos subversivos o terroristas pueden violar los Derechos Humanos, seria reconocerles una cierta legitimidad, aparte de la contradicción de que ya por su misma situación y comportamientos ilegales se constituyen en violadores de tales Derechos. En efecto se les estaría exigiendo, en ultimo análisis a tales grupos, que en sus ámbitos de control, ejercieran las mismas función del Estado de garantizar el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos.

Seria como sostiene la Procuraduría General de Derechos Humanos, llegar " a una especie de "Feudalismo Jurídico", donde los ciudadanos tendrían que buscar qué grupo les ofrece mejores garantías para proteger sus derechos humanos, y acogerse a su protección. A nadie se le oculta que de allí se seguiría necesariamente la desigualdad de los ciudadanos ante la ley; la destrucción del Estado de Derecho; la desnaturalización misma del concepto de derechos humanos' y el rápido deslizamiento hacia la barbarie."(17)

Los forjadores de la Corte en la Conferencia de Roma parece que adoptaron una vía menos problemática y que ha tenido un cierto aval en documentos oficiales de las Naciones Unidas. Es la que llevaría a distinguir entre violaciones y crimines. Las primeras corresponderían al Estado como institución política de los pueblos y los segundos a las personas, agentes o no del mismo. En síntesis solo pueden cometer crímenes los individuos y el Estado solo violaciones.

Sin entrar en disquisiciones etimológicas, la base de la distinción estaría en el hecho de que los crimines son ante todo conductas premeditas de persecución, exterminio y degradación de multitud de personas y grupos de personas, que se constituyen en verdaderos atentados y desprecio contra la persona humana y la humanidad en general que no tienen ninguna justificación desde cualquier punto de vista y por eso los únicos responsables son los individuos que los ejecutan o permiten.

Por este motivo constituirían una categoría muy especial de violación de los derechos humanos frente a los cuales no cabe mas que el castigo de sus autores. Este es el espíritu del articulo 4 de la Convención para la Prevención y sanción del delito de genocidio " Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3ro. (La asociación, instigación, tentativa y complicidad en el genocidio) serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares."

Con la anterior aclaración se fundamenta el argumento de que los delitos contra la humanidad no se circunscriben en sus efectos de ofensa y desconocimiento de los derechos humanos a los limites territoriales, como acciones o conductas dirigidas al ámbito de las poblaciones nacionales, sino que involucran la entera humanidad. Desde esta óptica lo que se impone es el sentido de afrenta a la cual se somete la humanidad y no sus autores. Este en realidad es el espíritu y justificación para la creación del Tribunal: la protección de la humanidad, como se puede deducir del Preámbulo del Estatuto: "Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad"

El deseo que anima la creación del Tribunal es luchar contra la impunidad frente a tales delitos, lo cual excluye toda distinción en sus autores. Así son responsables ante la comunidad internacional tanto los agentes del Estado, como los particulares.

El estatuto de Roma parece guiado mas por aquellos sentimientos de repudio y escozor que suscitan los llamados crímenes contra la humanidad, pues abandona esta ultima denominación para calificarlos como "crímenes mas graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto" (Art.5) o "crímenes mas graves de trascendencia internacional" (Art 1).

Tales crímenes como aparece en el Estatuto, se distinguen por su premeditación de destrucción, aniquilamiento, degradación, de poblaciones enteras y tratándose de conflictos armados por la realización sistemática y a gran escala de dichas conductas como estrategia o táctica de lucha. De aquí entonces que transciendan los espacios nacionales hiriendo el sentimiento humanitario en todo el mundo.

Hubiera sido decepcionante y carente de lógica y justicia pretender luchar contra tales crimines excluyendo a los particulares que integran grupos u organizaciones y que desarrollan actividades criminales de trascendencia internacional, cualquiera sea su razón de ser.

Se deberá reconocer que la creación de la Corte no es sesgada en cuanto a su competencia personal, extendida por tanto a las autoridades de los Estados en todos los niveles del gobierno y a los particulares, como a los grupos rebeldes, terroristas etc., y no sujeta a excepciones como pueden ser las disposiciones diplomáticas de inmunidad o estados de beligerancia y se trate o no de conflicto armado internacional o nacional. En realidad la razón de ser del Tribunal es la de establecer los instrumentos que permitan el procesamiento penal de individuos responsables de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

El ámbito de cubrimiento de la responsabilidad penal abarca desde quienes son autores directos y materiales como el que ordene, proponga, induzca a cometer tales delitos, así como el cómplice, el encubridor y el colaborador.

Los jefes militares y superiores se consideran responsables penalmente "por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas" (Art. 28) cuando sabiendo de su posible comisión no adopten las medidas para impedir, prevenir, reprimir o no haber comunicado a las autoridades competentes, o hacer caso omiso sobre la información de estarse cometiendo tales crímenes o sobre la intención de cometerlos. Todas estas disposiciones además de la intención de atacar la impunidad en profundidad, cumple con la intención de inculcar temor para evitar el apoyo o la colaboración tan necesaria para realizarlos y hacer de este modo mas vulnerables a quienes se empeñen en tales situaciones.(18)

La intención de romper el ciclo de impunidad para las violaciones más graves y aberrantes contra la dignidad de la persona humana, se reafirma con las disposiciones concernientes el ejercicio de la competencia por parte del Tribunal.



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