F. Hacia el diseño del Estado regulador mexicano

 
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Cápsula:    La transición de derecha del Estado mexicano...

Título:    F. Hacia el diseño del Estado regulador mexicano


Bajo el supuesto de que un cambio en la racionalidad el sistema de regulación de los comportamientos de los diferentes actores políticos, económicos y sociales, implican también cambios profundos en el sistema democrático de gobernabilidad, y por ende en el crecimiento y desarrollo social, México se pasó la década de los ochenta y parte de los noventa enfrascado en lograr la estabilización macroeconómica.

Este objetivo se logró parcialmente mediante el equilibrio de la balanza de pagos pero falló en la reducción de la inflación y en el retorno a los niveles de crecimiento alcanzados en las décadas anteriores (Lusting, 1993, capítulo 2). Para reactivar el crecimiento económico era necesario revertir la transferencia de recursos al exterior, como consecuencia de la enorme deuda externa que se contrajo como consecuencia de las crisis económicas, principalmente las de 1982 y 1994. La economía mexicana, principalmente el sector público, vive de prestado

Entre los años 1970 y 1999, el saldo de la deuda externa de los sectores público y privado de México se incrementó 23 veces, pasando de 6 969 millones de dólares a 166, 960 millones de dólares. Entre 1994 y 1999, la deuda externa de México se incrementó de 140 mil 193 millones de dólares a 166 mil 960 millones, con un aumento en 26 mil 767 millones de dólares, lo que representa un incremento del 34 al 35 por ciento de su proporción respecto al producto interno bruto. México es junto con Brasil, uno de los países en desarrollo de Latinoamérica más endeudados a corto y largo plazo. La deuda externa de México ha sido reconfigurada en términos de su composición entre los sectores público (83 por ciento) y privado (17 por ciento), y su vencimiento a corto (31 por ciento) y largo plazo (69 por ciento) (Banco Mundial, 2001). La deuda pública multilateral cayó del 18% en 1994 al 12 por ciento en 1999.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, el gobierno mexicano cambió su estrategia de desarrollo para moverse rápidamente hacia la liberalización de la economía. La política económica neoliberal implantó una disciplina fiscal y una política monetaria que fueron los pilares del nuevo modelo económico. No obstante, la implementación de esta política debilitó la acción del Estado que fue derivando en un debilitamiento de la gobernabilidad. En los primeros años de la década de los noventa, la economía mexicana experimentó estabilidad relativa, crecimiento económico moderado y estabilidad en los precios. No obstante empezó a debilitar severamente a las organizaciones sindicales y sociales.

La reforma económica aplicada a principios de los años noventa al sistema financiero en México ha sido calificada como un fracaso que afectó a la sociedad e incrementó la pobreza (González Amador, 2000). Esta es más marcada entre los indígenas de México, donde el 81 por ciento es pobre, en comparación al 18 por ciento entre los no indígenas (Easterly, 2000: 6). No obstante, las cifras reales de pobreza en México son maquilladas al señalar oficialmente que 44.7 millones son pobres.

Un balance general de los resultados de la aplicación de las reformas económicas en México nos permite concluir los incrementos en los niveles de la pobreza y en las diferencias enormes en la distribución de la riqueza, desempleo, desarrollo diferenciado en las regiones del país, desintegración territorial, aumento de conflictos sociales, violencia, impunidad, inseguridad, destrucción del medio ambiente, etc. Por ejemplo, en los programas de combate a la pobreza diseñados e implementados bajo los regímenes de tendencia neoliberal, los más beneficiados fueron aquellas instituciones, sectores sociales y organizaciones productivas que además de estar ya insertos en la modernidad, operaron como intermediarios de estos programas.

Sin embargo, a la crisis de 94 siguió una confusión económica (González, Spencer and Walz, 2000: 286) la crisis del 94-95 mostró las debilidades y limitaciones en opciones de la política económica. Un sistema bancario frágil e incompetente para la promoción del desarrollo y un grupo de empresarios que se beneficiaron, a río revuelto, ganancia de pescadores, mediante la especulación financiera. Surge así una nueva clase empresarial aliada del capitalismo transnacional y de las grandes corporaciones multinacionales que aprovechan el proceso político de la privatización para sus propios intereses, comprando empresas públicas productivas a precios de conveniencia.

Esta especulación financiera provocó una fractura con la economía productiva. Por lo tanto, el crecimiento económico y el desarrollo social deben ser el resultado de la aplicación del Estado de Derecho que garantice el ejercicio de las libertades y que, además, ayude a reforzar la capacidad de defensa de la economía frente a la volatilidad del entorno.

La política económica adoptada reprimió la inflación con una tasa de cambio fija y sofocó el crecimiento económico, generó bajos niveles de creación de empleo en el sector formal de la economía. La medida fue equivocada. Críticos de esta política económica argumentan que la depreciación del peso era la condición necesaria para la reactivación del crecimiento económico (Bannister, 1998:37) Los trastornos políticos del 94 no causaron los problemas económicos pero si afectaron las opciones de financiamiento del gobierno. Se concluye que el déficit no es de carácter fiscal, sino financiero, debido al incremento en el pago de intereses que se tienen.

La respuesta de los organismos multilaterales para otorgar créditos a México después de la crisis del 94, a diferencia de la crisis del 82, fue rápida y de mayor tamaño (Boughton, 2000: 275) Esta respuesta es un claro indicador de que la crisis mexicana del 94 preocupó por las posibilidades de contagio con las otras economías a las que se encuentra íntimamente ligada la economía mexicana. La crisis de la deuda de los ochenta se inició con la suspensión de pagos por México en agosto del 82 y continuó por casi el resto de la década, reflejando una mezcla de impactos críticos externos y desequilibrios macroeconómicos domésticos.

En el ámbito doméstico, el periodo que comprende las crisis de 1982 y 1994-95, los ingresos de los mexicanos y los niveles de vida se deterioraron, la distribución del ingreso se polarizó entre muchos que casi no perciben lo suficiente para satisfacer sus necesidades y en el otro extremo, pocos con los mayores ingresos. A pesar de los niveles de ingreso registrados menores a los 7 dólares, los niveles de marginación y pobreza se incrementan. Así, los servicios de educación, salud, alimentación y vivienda cayeron a los niveles más bajos en la historia de México.

En contraste, la crisis del 94/95 tiene diferentes explicaciones a la crisis anterior. Los mercados tuvieron pocas posibilidades de prever la crisis del 94 y los negociadores de dinero ni siquiera alcanzaron a analizar sus expectativas de una posible devaluación en los meses anteriores a la devaluación. Además de que queda la sospecha para los suspicaces de que la política económica de México se diseña en otros ambientes externos. Sin embargo, los analistas hablan de profecías de autocumplimiento por parte de algunos actores del mercado, como los verdaderos responsables por el colapso del peso (Berg y Pattillo, 2000).

Pero también se reconoció que la vulnerabilidad de la economía fue lo que hizo posible los ataques especulativos a la moneda. Los déficits en la cuenta corriente y una moneda sobrevaluada después de un período de estabilización inflacionaria, así como una política de administración de la deuda errónea seguida antes de la crisis, fue lo que causó una acumulación de deuda denominada en dólares. La mala administración fiscal ha convertido al Estado en un mero recaudador de impuestos, especialmente de los sectores de ingresos bajos en beneficio de los sectores de altos ingresos, contribuye a la bancarrota del Estado. En sí, las reformas económicas que acompañaron a las crisis económicas han traído consigo pérdida de la soberanía nacional por su enorme dependencia del capital extranjero. Los acontecimientos recientes confirman la subordinación y dependencia directa que tiene México del poder hegemónico de los Estados Unidos.

La eliminación de restricciones comerciales, así como de inversión extranjera en México, mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que inició en 1994, fue la piedra angular de la nueva política económica del gobierno mexicano. La mayor parte de los ingresos de capital foráneo que entraron después de la crisis fue en forma de inversión directa. Los ingresos por inversión directa a México en 1994 fueron más que el doble que los años previos. Esta nueva política económica fundamenta el crecimiento económico de México en el acceso a los mercados internacionales y a la inversión extranjera mediante la apertura de los mercados nacionales a la competencia en bienes y servicios. Sin embargo, durante la última década, la inversión extranjera hacia México fue menor que el monto total del pago de intereses de la deuda externa de México.

El TLCAN instituyó cambios en el régimen regulador que fue designado para hacer más atractivo a México a los inversionistas privados nacionales y extranjeros (Bannister, 1998: 26-27) No obstante, los resultados en función de ventajas y beneficios son desiguales para los tres países firmantes. No hay duda que la globalización conlleva "una inserción de corte colonial" del mercado, la economía y los recursos naturales, sostiene Fazio (2001c).

Después de la crisis financiera del 94, para reducir la inflación, la carga se transfirió de la tasa de cambio a una política monetaria restrictiva, se redujo el gasto y por lo tanto, declinó el crecimiento interno. La reducción del gasto programable, al, igual que el gasto no programable, se mantienen constantes desde los inicios de los ochenta y no parece que pueda mejorar esos niveles. Por otro lado, las multinacionales afrontaron mejor la crisis flexibilizando las ventas de los mercados nacionales a los mercados de exportación. Las filiales de empresas norteamericanas cambiaron el destino de sus ventas hacia mercados foráneos fuera de los Estados Unidos (Lipsey, 2001).

En 1995, la economía mexicana se contrajo en un 6.9 por ciento del PIB, la mayor caída en la historia económica moderna de México (Bannister, 1998: 44)Los ingresos de inversión directa decayeron, pero no tanto como los otros flujos de inversión que fueron negativos. Para hacer la economía mexicana menos vulnerable a los cambios externos, se enfatiza la necesidad de incrementar los niveles de ahorro interno mediante medidas que incluyen el ahorro gubernamental y la instrumentación de un sistema de ahorro en fondos para el retiro de los empleados (Bannister, 1998: 48)

En la actualidad se piensa que sólo existen dos caminos para evitar las crisis económicas de México: Algunos analistas consideran que deben profundizarse la aplicación de las políticas económica y social neoliberales, con algunas variantes, como la denominada "tercera vía", mientras que otros resisten estas políticas y advierten la necesidad de que se abandonen mediante un cambio de política basada en un proyecto alternativo de gobernabilidad democrática. Para otros analistas (Ortiz de Pinchetti, 2000) el neoliberalismo funcionó porque el Presidente pudo ejercer una potestad absoluta sobre el poder legislativo.

Pero es precisamente a partir de los gobiernos neoliberales que el Presidente se va debilitando paulatinamente en su capacidad para integrar los intereses de los diferentes sectores, hasta deformarse. Así, el gobierno de los tecnócratas neoliberales se convierte en una forma de dominio para preservar el monopolio del poder para una elite hegemónica. Sin embargo, las situaciones han cambiado y ahora el papel del presidente se ha debilitado y con ello el sistema de compromisos, lealtades y disciplinas también.

Pero las reformas económicas implementadas por el neoliberalismo sólo pretenden ordenar las formas de extraer riqueza que sacrifica el bienestar de los países en desarrollo para mejorar el bienestar de los países desarrollados. Después de casi dos décadas de implantarse políticas económicas de ajuste para tratar de solventar la crisis de la deuda, los resultados todavía distan mucho de contribuir al bienestar de los ciudadanos. Si la economía mexicana se desvía de los dictados en política económica, inmediatamente es estigmatizada por los inversionistas extranjeros con alto grado de desconfianza y la penalizan retirando sus inversiones de México. Por seguir estos dictados de los principios de política económica diseñados en las Universidades Estadounidenses y en instituciones financieras internacionales, México ha tenido dos grandes crisis financieras cuyas repercusiones han sido un mayor empobrecimientos de los mexicanos.

Bresser Pereira (2000) establece claramente la diferencias entre ambos proyectos de Estado. Sostiene que "la diferencia entre una propuesta de reforma neoliberal y una social-demócrata está en el hecho de que el objetivo de la primera es retirar al Estado de la economía, mientras que el de la segunda es aumentar la gobernabilidad del Estado, es dar al Estado medios financieros y administrativos para que él pueda intervenir efectivamente, siempre que el mercado no tenga condiciones de coordinar adecuadamente la economía". En realidad, el proyecto económico actual de México es una combinación de políticas económicas neoliberales, de economía del Estado de Bienestar y de economía centralmente planificada. Algunos analistas señalan que el proyecto nacional no tiene un rumbo determinado y es más copia de modelos extranjeros, que se debate entre las privatizaciones y la extranjerización del sistema bancario (Ortíz Moreno, 2001), rescatado a muy alto costo.

Las políticas económicas neoliberales, insostenibles en estructuras democráticas, favorecen las estructuras concentradoras de beneficios a favor de pocos capitalistas, quienes acumulan las ganancias, mientras que incrementa las desigualdades en ingresos y oportunidades para una creciente mayoría. México es el país latinoamericano más injusto con respecto a oportunidades de empleo.

Hausman y Székely (1999) encontraron en una investigación sobre la desigualdad y las familias en Latinoamérica, para el caso de México, que las diferencias en precios relativos y cantidades de educación para los padres, explican actualmente más del 60% de las disparidades en el ingreso per capita entre el rico y el pobre (p. 23) Las diferencias en el nivel de educación de los padres en México explica el 50% de las diferencias en el logro de los hijos y en promedio, las diferencias en precios y cantidades de la educación de los padres explican el 80% de las diferencias entre los logros pobres o ricos de los hijos (p. 25). La escolaridad promedio en los estratos más pobres de la población es de 3.5 años, mientras que en la de más altos ingresos es de 8.7 años rebasando el promedio nacional en un 16 por ciento.

Esto da una idea clara de lo importante que es la educación como factor para salir de la pobreza. La realidad apunta a señalar que tres cuartas partes de los jóvenes de 15 a 19 años no asisten a la escuela (INEGI, 2000). Lamentablemente, educación es uno de los servicios públicos más castigados por el modelo neoliberal.

No es explicable que frente al crecimiento del producto interno bruto del 7% en el 2000, este crecimiento venga a reforzar la inequitativa distribución del ingreso. Los estratos más pobres del país tuvieron una baja de casi 11 por ciento sobre sus ingresos, mientras que el 10 por ciento de la población más rica, obtuvieron un aumento del 7% entre 1996 y 1998. Los estratos de ingreso que incluyen a 40.4 millones de mexicanos, que ahora representan el 25.5 por ciento del total del PIB, perdieron el 5.2 por ciento dentro de la repartición del crecimiento en los últimos dos años. 22 millones de pobres tuvieron una pérdida mayor de su ingreso en los últimos dos años. La concentración del ingreso se incrementó en un 4.4 % en los últimos cuatro años, acentuando la desigualdad social, poniendo en tela de juicio los supuestos beneficios del elevado crecimiento que no han derivado en mejoras al bienestar de la población mexicana.

Por otra parte, el desarrollo regional se está diferenciado más, fragmentándose entre un próspero norte de México y un sur con serios problemas de subsistencia, diferencia que de acuerdo a INEGI, entre el producto bruto regional por habitantes más alto y más bajo en el país es de 5.7 por ciento (Castellanos, 2001). Esta creciente desigualdad de desarrollo regional creará más tensiones políticas y sociales.

Las administraciones neoliberales se han dedicado a gobernar para el sector financiero mediante la adopción de una política económica que les favorece. Al menos ahora se sabe que no se tiene un déficit fiscal, sino más bien un déficit financiero provocado por los altos intereses que se pagan por la deuda externa. Tanto la deuda pública como la privada de México con el exterior, se incrementa aceleradamente a pesar del pago creciente de los servicios de la deuda que consume una parte considerable del presupuesto. Entre 1990 y 1999, el pago de intereses por el servicio de la deuda externa ascendió a 82, 818 millones de dólares, cantidad mayor en 8.95 por ciento del saldo de la deuda externa del sector público, que al cierre del 2000 alcanzó 76,114 millones de dólares (González Amador, 2001). Se considera que actualmente la deuda externa de México alcanza el 48% del producto interno bruto, lo que representa un total de 2 billones 880 mil millones de pesos.

Continuar la alternativa del proyecto neoliberal, como tal parece se está profundizando en México, es apostar a un modelo que está que no solamente está resultando inviable para revertir la pobreza, sino que también está probando generar más conflictos sociales que respuestas a una mayor equidad y justicia social. Suplantar las relaciones sociales por cuestiones propiamente económicas ha sido la causa fundamental de la generación de conflictos políticos y sociales.

Por lo tanto, la instauración de un proyecto de gobernabilidad democrática en México requiere de la revisión de la actual política económica, para establecer cambios necesarios. Estos cambios son necesarios para la atención inmediata de las necesidades sociales primordiales de la población, sin dejar de considerar los vínculos de una economía en procesos de globalización, pero, además, con capacidad para dar respuesta a al realismo político actual. En el diseño de la política económica no es tan importante considerarla como si fuera el fin mismo, sino como el medio para proporcionar las herramientas y las oportunidades de desarrollo humano integral que los mexicanos requieren. Es en este sentido que debe entenderse que la finalidad de la política económica es la generación de los componentes de infraestructura para la formación de capital humano, tales como educación, salud, nutrición, competencias laborales, espíritu emprendedor, innovación y creatividad, etc.

El creciente deterioro económico de amplios sectores de la población en las últimas dos décadas, contribuyó a la erosión del poder político representado por un sistema de un partido único en el poder por 71 años que demostró habilidad en la coacción del sufragio y la manipulación institucional. El Partido Revolucionario Institucional en el poder protegió a miles de organizaciones y agrupaciones bajo una ideología nacionalista y revolucionaria, cobijadas en su estructura gremial y corporativa, las mismas que fueron utilizadas para justificar la institucionalización de la Revolución Mexicana.

Esta Revolución fue incluyente en dos aspectos: estableció la identidad cultural para la mayoría de la población en torno a los valores de un nacionalismo revolucionario y proyectó en ellos la idea de un futuro promisorio. La estabilidad política del régimen se fundamentó en el monopolio de la autoridad política y el ejercicio del poder por el presidente en turno, (presidencialismo) y en un solo partido. El presidente concentraba facultades constitucionales y metaconstitucionales a tal grado que era el actor más poderoso en el sistema político mexicano, sin que existiera ningún otro contrapeso. A pesar de los cambios con la pérdida del poder por el PRI, el presidencialismo se mantiene.

De acuerdo con Schmidt (2000b), uno de los factores que explican la estabilidad política del régimen político mexicano es el "surgimiento y desarrollo de una red de poder que no solamente estableció las reglas del juego, sino que, además, creó instituciones y dinámicas políticas que le dieron forma al Estado y a las relaciones sociales". Las instituciones se creaban para controlar mediante procedimientos de clientelismo como una forma para encausar las demandas de los movimientos sociales y políticos. Este sistema presidencialista introdujo una cultura política identificada con valores simbólicos impuestos desde la cúspide de la pirámide del poder y que eran aceptados por los niveles inferiores subsecuentes.

Esta estructura política basada en un partido de Estado perdió su capacidad para incorporar a los sectores sociales organizados al desarrollo económico. Este sistema político basado en la primacía de un partido que mantenía la unidad revolucionaria en contra de los intereses internos y transnacionales, se enmoheció y ya no dio respuesta a la sociedad.

La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales del 2000, es perfectamente explicable cuando los problemas a los que se enfrentaron los gobiernos emanados de ese partido político, excedieron la capacidad para resolverlos. La derrota del PRI fue el resultado del sometimiento por disciplina a una política impopular impuesta por el sistema presidencialista mexicano. En el imaginario político mexicano ocupan un lugar privilegiado aquellas figuras que "dictaran normas apelando a un prestigio personal de orden quasi sagrado, como es el caso primero de los caudillos y, luego, del presidencialismo paralizador" de acuerdo a Fragoso Lugo (2001).




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