SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y HECHOS DE VIOLENCIA 2001
Introducción
El Grupo de Apoyo Mutuo presenta el informe de la situación de los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos durante el 2001, en el mismo se hace alusión a violaciones a los derechos fundamentales del ser humano en las distintas esferas, asimismo se dedica otro de los componentes a analizar el clima de inseguridad, lo que nos lleva a determinar las causas, móviles y datos estadísticos de los hechos de violencia.
A pesar de haber transcurrido varios años de la firma del acuerdo definitivo de paz (29 de diciembre de 1996), para los guatemaltecos la misma parece estar lejana o ser irreal; Lo único que se puede ver es violencia, inseguridad, militarismo, prepotencia, autoritarismo y corrupción entre otras cosas, con lo que se genera frustración y falta de confianza en las instituciones, que se confunden con las personas que las dirigen de manera anómala.
El 2001 se caracterizó por la agudización de la crisis política, social y económica; Surge por primera vez en la historia el peligro de que personas mueran por inanición, por lo menos dos municipios ya están padeciendo hambruna y 100 mas se encuentran en peligro de enfrentarla en los primeros meses del 2002, el desempleo se incrementa a causa de la crisis que varios productos agrícolas enfrentan, el gobierno confronta a la sociedad generando con ello ingobernabilidad.
La crisis provocó que organizaciones sociales convocaran a un paro nacional que fue respaldado por el sector empresarial; Igualmente se convocó a una manifestación que se realizó el 1 de agosto a la cual asistieron aproximadamente 40 mil personas: Luego de la manifestación miembros de la PNC agredieron brutalmente a personas que se encontraban todavía en la plaza central, violando con ello muchos derechos de los guatemaltecos.
Las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia se incrementaron sí se compara este año con los anteriores, los ataques contra defensores de derechos humanos se intensifican, mismos que provocan el cierre de las instalaciones del Centro de Estudios, Investigación y Bases para la Acción Social –CEIBAS-.
Se le niega el derecho de organización a grupos de homosexuales, que con él animo de defenderse empiezan a aglutinarse alrededor de demandas comunes, se les niega la oportunidad de justicia, cuando ni siquiera se les atiende en el momento en que llegan a presentar sus denuncias, ante las distintas dependencia del Estado.
Sé continúa hostigando a la prensa nacional, se llegan a organizar manifestaciones gubernamentales contra medios de comunicación, como la ocurrida contra El Periódico con el objeto de acallarlo y las intenciones de censurar a los medios de comunicación, se convierten en práctica permanente.
El ejército se fortalece aún mas que durante el primer año de gobierno eferregista, de 836 millones de quetzales que le son asignados, termina ejecutando 1,540 millones; En las comunidades se empieza a involucrar en acciones sociales, religiosas y culturales, con las cuales busca ejercer un mayor control social.
La corrupción es cada vez mas descarada y abierta, pareciera que a los funcionarios del actual gobierno ya no les interesa que los señalen de haberse quedado con 90 millones de quetzales en el ministerio de gobernación o 20 millones que son utilizados en impresión de timbres fiscales que jamás serán utilizados y 58 millones en placas de circulación que nunca existieron ambos casos en el Ministerio de Finanzas Públicas, por citar tan solo unos pocos ejemplos.
En medio de ésta descomposición social, política y económica algo positivo ha ocurrido, la sociedad civil que había permanecido divida y fraccionada, ha construido los canales de comunicación, que le han permitido sentarse en una misma mesa a construir un foro de discusión, que se ha convertido en un movimiento como es el Foro Guatemala , en el que confluyen sectores y organizaciones de todas las inclinaciones y naturalezas. Desde el se ha incidido en la forma de hacer gobierno y de ejecutar las políticas públicas y se ha generado un espacio de dialogo entre la misma sociedad, madurando el momento en que sea necesario hacerlo con el gobierno.
Violencia y violaciones a los Derechos Humanos
Guatemala es al 2001 el país mas violento e inseguro del continente americano, sin que se elabore una sola línea de lo que podría convertirse en una agenda de seguridad, que abarque el combate a las causas que la originan (educación, salud, vivienda, empleo, salarios dignos, etc), pero que también implique la adopción de medidas serias de combate al crimen organizado.
El 2001 ha visto a dos ministros de gobernación, tres directores de la Policía Nacional Civil –PNC-, la utilización indebida de 90 millones de quetzales, señalamientos de corrupción, incapacidad, ineficiencia y militarización en ambas dependencias, lo que le ha permitido al crimen organizado poder desarrollarse y actuar libremente.
La debilidad del sistema de seguridad ciudadana puede ser catalogada como deliberada, provocada y voluntaria y nunca como casual, porque es muy asintomático que el crimen organizado se enquiste cada vez mas en las altas esferas gubernamentales, desde donde militares de baja se benefician de la misma, frente al enflaquecimiento ya descrito en el ministerio de gobernación con todas sus dependencias.
Este ministerio cada vez se encuentra mas militarizado y no solo por el hecho de que quien se encuentra a la cabeza haya sido ministro de la defensa nacional, hasta tan solo 6 horas antes de haber sido nombrado para este cargo, sino porque se encuentra en proceso de adopción de estrategias de contrainsurgencia, similares a las que existieron en el pasado.
Los hechos de violencia, se traducen muchas veces en violaciones a los derechos humanos e incluso muchos de esos casos se confunden entre sí, los que parecen de violencia política, son en realidad violencia común y viceversa; La realidad es que las violaciones a los derechos humanos se disfrazan de delincuencia común, hay ejecuciones extrajudiciales, que parecieran asesinatos o allanamientos con ocasión de robo, que se disfrazan de robos comunes, sin embargo lo que llevan consigo los responsables son documentos importantes para el funcionamiento de la organización o la persona que se ha convertido en víctima.
De lo que sí estamos convencidos, es que la responsabilidad actual es la misma, de aquellos casos en que los perseguidos, asesinados o capturados ilegalmente y desaparecidos eran dirigentes sindicales, estudiantiles u opositores al sistema imperante; La forma en que se realizan esos delitos es similar a la que se empleaba en el pasado, solo que ahora las víctimas son muchas veces personas señaladas de pertenecer a una banda de delincuentes o de tener antecedentes penales; En otras palabras, se trata de limpieza social.
A diferencia de los hechos de violencia, las violaciones a los derechos humanos no se traducen nada más a violencia de una o varias personas contra otra u otras, también se registra este tipo de casos en la violencia económica, social, política o cultural.
Cuando abrimos el espectro de las violaciones a los derechos humanos, nos percatamos de que pareciera como si los guatemaltecos estuvieran acostumbrándose a que violen sus derechos humanos o abusen de su integridad, honor y buena voluntad, porque son demasiados los abusos que diariamente se cometen en su contra por parte del gobierno, que no aplican de manera efectiva las leyes tutelares de los trabajadores, permitiendo de esa manera abusos de parte de finqueros, pero que tampoco crean políticas de salarios o de empleo adecuadas a la realidad.
Este gobierno viola los derechos humanos al darle prioridad al gasto militar, por sobre el de las dependencias que tienen como objetivo realizar inversiones sociales (educación, salud o trabajo por ejemplo) o al permitir actos vergonzosos de corrupción, mientras la población se muere de hambre.
Las violaciones a los derechos humanos se traducen en ejecuciones extrajudiciales, por lo menos 3 capturas ilegales y posterior desaparición forzada, amenazas, intimidaciones, allanamientos con ocasión de robo, linchamientos, explotación laboral aprovechando el alto porcentaje de desempleo que obliga al trabajador a vender barata su fuerza de trabajo, autoritarismo, prepotencia y falta de consensos en el trabajo político, en donde el FRG domina el espectro político partidista.
En el presente informe se hará referencia a la mayor parte de casos, pero le dará prioridad a los casos de violaciones a la vida y la libertad, por ser esa la esencia y principios del GAM.
Violencia y sus indicadores
La violencia política y común se ha propagado a todos los rincones del país, que pasaron de un escenario de guerra o conflicto armado interno a una confrontación no declarada, en la cual por lo menos uno de los actores del pasado reciente continúa cobrando vidas y sembrando el temor entre la población, durante el 2001 se registraron 2,127 Casos de violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia
Las expresiones de la violencia de cualquier índole, se encuentra entonces en la delincuencia común y en el crimen organizado con el apoyo o aquiescencia de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque no podemos asegurar que se trate de violencia institucionalizada.
La forma en que percibimos esa violencia e inseguridad, es a través del clima de violencia que se vive día tras día, en que hay frustración, incertidumbre y temor en la mayoría de los guatemaltecos, sin importar su extracción social, cultural, educativa o de clase; Especialmente las ciudades y particularmente la ciudad de Guatemala, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa entre otras son foco de violencia, en donde el crimen organizado actúa libremente, incluso con protección de personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad.
La violencia y la inseguridad se han convertido en un mal, que hasta pareciera endémico para la sociedad y que se perciben a través de violaciones a la vida (asesinatos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales), la libertad (Secuestros, desapariciones sin causa conocida y desapariciones forzadas e involuntarias), propiedad privada (robos, allanamientos), integridad física (amenazas, intimidaciones).
Actores armados
Catalogamos como actores armados a todos aquellos sectores, agrupaciones y personas, que son generadores de violencia y que se mantienen armados sistemática y permanentemente. Algunos de ellos son responsables de la inseguridad en la cuadra o el barrio, como las maras o las pequeñas bandas de delincuentes, frente a aquellas que generan temor en el ámbito nacional como las estructuras clandestinas de poder ligadas a las fuerzas de seguridad, particularmente al Ejército nacional, que le sirve a los intereses del crimen organizado.
La sociedad misma puede convertirse en uno de esos actores armados y actores de la violencia en casos concretos, como el de los linchamientos, muchas veces utilizado con fines políticos como el protagonizado por la población de Senahú contra el Lic. Hugo Martínez Juez de paz de la localidad el 13 de marzo de 2001.
Las mismas fuerzas de seguridad del Estado, pueden convertirse en actores de la violencia armada, cuando algunos de sus integrantes, particularmente de la PNC por criterio propio deciden participar en abusos de autoridad, como los protagonizados noche a noche en distintas calles de la ciudad contra sexo trabajadoras u homosexuales.
Son muchos los señalamientos de agentes de seguridad participando en programas de limpieza social o en crímenes que muchas veces no son investigados por falta de interés o de mantener estos casos en la impunidad.
Uno de esos actores es el Estado Mayor Presidencial –EMP- que por mandato de los acuerdos de paz, debió haber sido disuelto el pasado mes de diciembre de 2001, sin embargo por decisión presidencial, ese periodo se postergó aparentemente hasta junio de 2003. Esta dependencia del Ejército actúa con total independencia, autonomía y margen de movimiento, que le permite cometer cualquier tipo de abuso, con la seguridad de que no habrá investigación mucho menos castigo para los responsables.
En conclusión los actores de la violencia armada son las maras, los delincuentes juveniles, el crimen organizado, miembros del Ejército nacional, PNC, DOAN e incluso la misma población que se puede ver arrastrada por provocadores en actos de linchamiento.
Señalamos la militarización como la causa principal de la inseguridad ciudadana y de los hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos, siendo estos los principales actores armados de la misma, que cada vez ejercen mayor control sobre la misma sociedad y el Estado, volviendo a constituirse como uno de los poderes supraconstitucionales, que tanto daño causó en el pasado.
Militarización
A partir de triunfo del NO en la consulta popular del 16 de mayo de 1999, las fuerzas armadas empezaron a sentir que podían volver a ocupar espacios de gran trascendencia en el ámbito político, eso se debió a que una de las reformas que debía producirse, era la redefinición del papel del Ejército, que debía abandonar su posición contrainsurgente y permitirle a la autoridad civil la garantía de la seguridad interna.
Pocos meses después se registró otro hecho, que los fortalecería aun más, ese fue el triunfo del FRG el 7 de noviembre de 1999. Con la llegada de ese partido al poder, se empezó a gestar toda una estrategia que les permitiría ocupar algunos de los espacios que venían perdiendo a partir de la firma del acuerdo definitivo de paz.
Ese refortalecimiento se empezó a sentir de manera inmediata, especialmente en las comunidades del interior, que fueron las que más fuertemente sintieron los embates represivos de esa institución. 10 mil soldados están patrullando las comunidades, se ha anunciado la creación de un puesto de marina en el lago de Atitlán, se mantienen injustificadas bases militares y destacamentos como las de la Alameda, Chimaltenango y Chupol, Chichicastenango. Otra cara de la militarización está en los contratos que se hacen a dependencias de cualquier naturaleza de familiares y amigos de militares, ex PAC o ex Comisionados Militares.
La militarización ha ido de la mano del fortalecimiento de los poderes ocultos, que durante el 2001 se han dedicado a ocupar espacios de mucha importancia, dentro de las distintas esferas del Ejército. Son muchos los nombres que se han escuchado Ortega Menaldo a la cabeza, Salan Sánchez y muchos otros, son quienes dirigen buena parte de las distintas estructuras del ejército.
En suma durante el 2001 se cometieron abusos y actos de prepotencia de parte de oficiales del ejército, se amenazó a jueces y magistrados, para evitar que se aplicara de manera eficiente la justicia, impidiendo con ello el correcto funcionamiento de esos órganos.
Muchas fueron las organizaciones de derechos humanos que fueron duramente amenazadas, CEIBAS incluso terminó cerrando sus puertas como ya señalábamos anteriormente y para finales de año, luego de haber manejado el doble de su presupuesto gracias a transferencias secretas, se ocupa de manera anómala del Ministerio de Gobernación, violando con ello lo establecido en el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
El General Arévalo Lacs es nombrado Ministro de Gobernación, cerrando con ello la posibilidad de que se continuara fortaleciendo al poder civil dentro de esa institución que debe garantizar la seguridad ciudadana.
Este es el segundo militar a la cabeza de esa institución, su antecesor fue el Mayor Byron Barrientos, quien a partir de su llegada a la cabeza de ese ministerio en julio de 2000 se dedicó a amenazar e intimidar a todo aquel que fuera considerado como opositor, especialmente sí se trataba de activistas de derechos humanos.
Durante el año y medio que este militar estuvo a cargo de ese ministerio, se cometieron 128 actos de vigilancia, seguimiento, allanamientos, intimidaciones, amenazas y robos contra organizaciones sociales.
Una de las primeras medidas de Arévalo Lacs, fue la creación de una oficina de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, poniendo a la cabeza al Lic. Yuri Búcaro, quien había fungido como director del sistema penitenciario. Luego de dos meses de funcionamiento de ésta dependencia, no se conoce sobre avances de esa dependencia.
El Estado Mayor Presidencial –EMP- debe ceder su espacio a la Superintendencia de Asuntos Administrativos de Seguridad –SAAS-, sin embargo la primera continúa fortalecida, manejando 150 millones de quetzales al año en su presupuesto, en tanto que la segunda, marginada, no cuenta con existencia legal o capacidad de ejecución, como lo demostró el estudio hecho por CONADEHGUA sobre el año 2001, en que se demuestra que esta dependencia gastó únicamente 25 de los 32 millones que tenía presupuestados. Los restantes 7 pasaron al EMP.
Militarización del sistema penitenciario
El 17 de junio de 2001, 78 reos salieron de la granja penal Canadá ubicada en el departamento de Escuintla, 14 continúan en libertad luego de muchos meses de búsqueda para su recaptura.
La respuesta estatal fue la de suspender las garantías constitucionales, decretando el estado de alarma, con lo cual se allanó el camino para la militarización del sistema penitenciario, violando con ello no solo los acuerdos de paz, sino la Constitución Política de la República.
Violaciones a la vida e integridad
1,100 violaciones a la vida entre asesinatos, homicidios, estrangulamientos y ejecuciones extrajudiciales, es la cantidad de casos que el GAM ha registrado en base a recepción de denuncias y monitoreo realizadas en los medios de comunicación, cuerpo de bomberos voluntarios y municipales. Sin embargo cabe señalar, que no constituyen la totalidad de hechos en los cuales una o varias personas perdieron la vida.
De la totalidad de estas violaciones al derecho de la vida, 24 casos sondeados, pueden ser catalogados como ejecuciones extrajudiciales, con algunas de las características ya enunciadas anteriormente, la victima regularmente es un desconocido, muchas veces con antecedentes penales, en los cuales la responsabilidad recae en los mismos que en el pasado causaron tanto daño a la familia guatemalteca, solo que ahora no le sirven a los intereses del sector económicamente dominante, sino al del crimen organizado.
Finqueros que en el pasado financiaron y hasta participaron en Escuadrones de la Muerte, continúan con vínculos dentro de la institución armada, actuando conjuntamente contra cualquier dirigente indígena o campesino que se atreva a organizar a grupos de población para ocupaciones pacificas de tierra, especialmente en la costa sur muchos campesinos son brutalmente asesinados, como ha ocurrido en Masagua y en Chiquimulilla donde miembros de la G2 han sido identificados como miembros de escuadrones de la muerte que han asesinado a campesinos, un caso paradigmático es el de Estanislao Carrera miembro de CONIC que fue brutalmente asesinado de 7 balazos en el departamento de Izabal el 10 de agosto de 2001.
En el Ixcán, el 22 de julio Anselmo Roldán testigo de los procesos judiciales que se llevan contra los dictadores Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, sufrió un atentado contra su vida, luego de múltiples amenazas de muerte y de haber salido del país; Fue atacado con verduguillo de manera brutal, por Santiago Emilio Lorenzo Pérez quien milita en el FRG y fue miembro de las fuerzas de seguridad del Estado en el pasado reciente, se tienen pruebas de que participó en hechos de violaciones a los derechos humanos en el pasado.
El 21 de febrero Liseth Pérez de Solórzano y Rosa María Leal, hija y esposa del General Otto Pérez Molina fueron atacadas simultáneamente en dos puntos distintos de la ciudad de Guatemala, en un hecho que podría provenir de sectores ocultos dentro de la misma institución armada.
La práctica del linchamiento se ha empleado instigando a la población contra alguna persona, como ocurrió el 13 de marzo de 2001, cuando ex miembros del ejército, ex PAC y ex comisionados militares encabezaron a un grupo de personas, contra el juez de paz de Senahú, Alta Verapaz, quien fue linchado luego de 13 horas de ataques contra los tribunales de ese municipio.
En este mismo caso la PNC no actuó a pesar de que el Ministro de Gobernación Byron Barrientos tuvo conocimiento desde la segunda hora del ataque, como fue demostrado posteriormente por la familia a quien se le ha negado la posibilidad de que haya justicia.
Se entiende, que en todos estos casos el Ministerio Público y los tribunales de justicia no han realizado su labor de combate a la impunidad y los responsables de estos crímenes gozan de libertad.
Violaciones a la libertad
Durante 28 años fueron capturados y desaparecidos 45 mil guatemaltecos por parte de militares, policías nacionales, guardias de hacienda, policías militares ambulantes, escuadrones de la muerte y organizaciones paramilitares; la mayor parte de las víctimas eran estudiantes, obreros sindicalizados, campesinos organizados, catedráticos universitarios, profesores de educación primaria o secundaria, guatemaltecos en general.
La última de éstas desapariciones forzadas fue la de Francisco Guarcas Cipriano ocurrida el 19 de octubre de 1993; Las organizaciones de derechos humanos no registraron ningún otro caso, hasta la llegada del FRG al poder, cuando el 7 de abril desaparece la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez Hernández, éste caso no es investigado y los funcionarios de gobierno se dedican a restarle importancia al caso e incluso a mancillar el nombre de la víctima difamándola y calumniándola en su honor e integridad.
Durante el 2001 se repite el fenómeno de la desaparición forzada. Carlos Antonio Marroquín Arriaza de 32 años de edad, casado, padre de un niño y una niña de 11 y 9 años de edad respectivamente, salió de su casa el 25 de septiembre de 2001, cuando eran aproximadamente las 9 de la mañana, con el objeto de reunirse con dos personas no identificadas que le ofrecieron en venta un automóvil.
Se tiene información de que luego de reunirse con las otras dos personas, fueron capturados ilegalmente por 6 hombres fuertemente armados de las cuales se desconoce su identidad. El automóvil en que fueron capturados apareció posteriormente en las inmediaciones de San Lucas Sacatepequez, sin embargo las 3 personas capturadas continúan desaparecidas.
Dos días después de la desaparición de Carlos Antonio Marroquín Arriaza, se hizo una llamada de su teléfono celular al teléfono 3390341 propiedad del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por lo que sospechamos que los responsables de la captura ilegal y desaparición forzada podrían pertenecer a esa dependencia militar.
No se tiene información de participación en organizaciones sociales o políticas de parte de Carlos Antonio Marroquín Arriaza, por lo que desconocemos hasta el momento cuales podrían ser las causas de éste hecho criminal. El GAM mantiene contacto permanente con la familia, sin embargo todavía se desconoce los datos personales de las otras dos víctimas.
Violaciones a la libertad de Emisión del Pensamiento
Las actitudes asumidas por el actual gobierno contra la libertad de emisión del pensamiento, van desde una posición institucional e incluso jurídica como el hecho de haber pretendido imponer la colegiación obligatoria para todos y todas las periodistas, hasta agresiones de manera directa contra medios de comunicación o periodistas, por ello hemos decido separar cada una de ellas.
Ataques a los medios de comunicación
Los dos años que Guatemala ha sido gobernada por el FRG, se han caracterizado por la intención que existe de impedir que los medios de comunicación se expresen con veracidad y den a conocer lo que ocurre en la realidad.
La censura ha sido una práctica permanente, que se ha traducido en control de algunos medios de comunicación o en amenazas e intimidaciones contra periodistas, periódicos, radioperiódicos o telenoticieros de manera vedada o descarada.
Durante el 2001 muchos medios de comunicación fueron asediados; El 20 de febrero un grupo de trabajadores de distintas dependencias del Estado fueron trasladados contra su voluntad frente a las instalaciones que ocupa el diario El Periódico, aparentando que se trataba de una protesta en contra de ese medio informativo.
Provocadores y miembros del FRG apedrearon las instalaciones de ese prestigioso diario, incluso dirigieron amenazas verbales contra su director. En ningún momento la PNC actúo en contra de los agresores. Se ha responsabilizado de este caso a Luis Rabe quien ese momento era Ministro de Comunicaciones.
La agencia CERIGUA y su directora la Licenciada Alamilla fueron objeto de amenazas e intimidaciones por parte de desconocidos, los hechos se produjeron de manera reiterada, sin que las autoridades realizaran una sola investigación del caso. El 24 de julio un hombre llamó telefónicamente intimidando a una de las periodistas de la agencia.
A fines de año, se buscó imponer la colegiación obligatoria de todos los periodistas, cerrando así la posibilidad de trabajo a buena parte de ese gremio y teniendo la posibilidad de ejercer un mayor control sobre cada de ellos. Solo gracias a la presión social ejercida el gobierno sé vió en la necesidad de dar marcha atrás en una actitud de esa naturaleza.
Ataques a los medios de comunicación
La periodista Sylvia Gereda fue amenazada de muerte, por un hombre no identificado durante la noche del 27 de marzo de 2001, cuando salía de la Universidad del Valle de Guatemala. El hombre señaló que las amenazas se concretarían contra ella y dos reporteros más del diario El Periódico, en caso de que continuaran publicando los actos de corrupción que se realizaban en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
Sylvia Gereda es la editora de investigación del diario El Periódico, que durante el mes de febrero y marzo se dedicó a documentar y publicar artículos que señalaban actos ilegales en el manejos de fondos por parte del presidente del CHN y de otros altos funcionarios, familiares y amigos de los mismos.
La amenaza contra Sylvia Gereda se enmarca dentro de la serie de ataques y señalamientos de que ha venían siendo objeto el diario El Periódico y su presidente el Ingeniero José Rubén Zamora.
Se han registrado amenazas contra periodistas de manera permanente algunas descaradas sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, como el hecho protagonizado por el Contralor General de la Nación que se ha expresado de manera soez sobre el trabajo periodístico y ha llegado al extremo de intimidar con arma de fuego a un reportero de Siglo XXI.
El reportero Felipe Reinaldo de Prensa Libre fue amenazado de muerte el 7 de mayo por el trabajo que desarrolla, se desconoce la identidad de los que han emitido esas amenazas. El 1 de agosto, luego de la realización de una manifestación popular, un grupo de periodistas fueron agredidos por elementos de la PNC.
Derechos de la mujer
Los derechos de la mujer continúan siendo vulnerados de manera constante por parte del Estado y la misma sociedad, el primero no creando la cobertura jurídica e institucional que le garantice el libre desarrollo y la segunda, adoptando posturas excluyentes y segregacionistas en la vida diaria.
Hablar de mujeres en Centroamérica implica, muchas veces discriminación y exclusión histórica. Ser mujer en América Latina es verdaderamente una odisea, de la cual la mujer no siempre sale bien librada.
Los roles asignados históricamente desde que se originó la correcta división del trabajo son más evidentes en ésta región, los estereotipos persisten y siguen, siendo inculcados en el hogar y en la escuela, de tal suerte que a las mujeres se les imponen las tareas del hogar y su papel reproductor. En contexto el hombre asume el papel del jefe del hogar, pieza clave en decisiones y portador de la manutención de la familia. Aun cuando la mujer contribuya al sostenimiento económico fuera del hogar, no puede abandonar éstas faenas por lo que su actividad será doble y la remuneración escasa.
Este rol impuesto a la mujer desde su nacimiento será una carga toda la vida, y la limitará a buscar alternativas más allá del estrecho papel que se le otorga. No es de sorprender entonces que la misma esté ausente del ámbito público y que se considere que esos son dominios exclusivos del hombre.
En Guatemala es muy reciente la incursión de la mujer al domino de lo publico, y aún existen cargos de elección popular, como la presidencia de la República para los que la población considera que la misma no está preparada para ejercerlos. En resumen se podría afirmar que es hasta los cincuentas que la mujer recién se estrena en estas tareas de dirección de la cosa pública.
Al analizar las causas estructurales y patrones que limitan a la mujer a optar a cargos de elección, sobre todo en el Congreso de la República que es el interés prioritario de éste documento. Como se evidenciará un grueso segmento de la población sufre el rigor de la desigualdad socioeconómica limitante de entrada para el desarrollo humano. La misma se exacerba con la mujer, tal parece que la exclusión por género va más allá de la discriminación de clase o etnia.
Estas inequidades, en la actualidad no pueden ser toleradas y deben ser motivo de honda preocupación y de búsqueda de soluciones, porque en ello radica la consolidación de la democracia de la nación y el futuro de la mitad de su población.
Guatemala está habitada por 11 millones de personas, 51.7 % son mujeres, solo el 27% de títulos de propiedad de la tierra les pertenece, el índice de analfabetismo en el ámbito nacional es de 36%, entre las mujeres asciende al 51%. Existen áreas de mayoría indígena donde el analfabetismo asume dimensiones inconcebibles de 90%.
La situación de la niña guatemalteca también es precaria, en el área educativa el nivel de deserción alcanza hasta el 81% en el área rural y 51% en la urbana, 17 de cada 100 niñas completa la escuela primaria, y en zonas rurales 66% abandona las mismas antes de concluir el tercer grado. La mano laboral femenina no siempre es reconocida; Aún hoy día es considerada en el Código de Trabajo junto a la de los menores. La labor del quehacer domestico recae en la mujer sin que este sea reconocido como trabajo remunerado, existen algunas tareas como las agrícolas en donde la mano de obra femenina y la infantil son consideradas como coadyuvante y se reconocerá como labor fuera del ámbito del jefe del hogar si así lo estipula el patrono (artículo 139 del código de trabajo)
Estas cifras aparte de dar una visión de la existencia de dos Guatemalas, permite un diagnóstico de la situación real de las niñas y las mujeres, sobre todo de aquella que vive en el área rural campesina e indígena.
Una de las preocupaciones mayores para el GAM es el hecho de que cada vez aparecen mas mujeres muertas producto de las violaciones a los derechos humanos o hechos de violencia, un asesino en serie se ha dedicado a asesinar a mujeres que se dedican a trabajar con el sexo, sin que las autoridades tomen con seriedad casos de esa naturaleza, permitiendo que los hechos delictivos continúen.
Derechos de la niñez
Guatemala es signataria de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados y del protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece la superioridad legal de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos; El 51% de los ciudadanos son menores de edad y sin embargo no existe ningún tipo de normativa que regule los derechos de la niñez.
El Código de la Niñez aprobado por el Congreso de la República el 26 de septiembre de 1996, jamás tuvo la oportunidad de entrar en vigencia antes de ser derogado casi cuatro años después, siendo esa una de las primeras medidas adoptadas por el FRG en el mes de febrero de 2000, apenas tres semanas después de haber asumido la mayoría parlamentaria en el Congreso de la República. Nunca un gobierno había violado tanto los derechos del niño y de la niña como el que hoy gobierna Guatemala, que únicamente se preocupa de proteger los derechos de los más poderosos.
Por lo menos 25 mil niños viven en condiciones infrahumanas en las banquetas de las distintas calles de las ciudades del país, decenas de miles de niños son explotados en empresas en las que no se garantizan las mínimas condiciones de trabajo y de salario. Miles de niñas son abusadas tanto en sus derechos como en su cuerpo, cientos de miles de niños y niñas no tienen acceso a la educación, la salud, contar con una familia, un nombre o poder desarrollarse de manera digna.
Los niños y niñas empiezan a ser víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, casos frecuentes como el ocurrido el 14 de agosto, cuando apareció el cuerpo de Reynaldo Hernández de 9 años de edad, presentando señales de haber sido muerto con arma de fuego, habiéndole dispararado por la espalda. El cuerpo sin vida de éste niño fue encontrado en un barranco del departamento de El Progreso, presentaba señales de descomposición, porque había transcurrido mucho tiempo desde su muerte hasta la localización.
Cientos de niños y niñas fueron víctimas de la desaparición forzada, algunos aún antes de haber nacido dentro del vientre de sus madres. Muchos de ellos pudieron haber sido ejecutados extrajudicialmente, pero otros fueron dados en adopción de manera ilegal. Para su localización y búsqueda ha sido creada la Comisión Nacional de Búsqueda y Localización de Niños Desaparecidos (CNBND ), que a pesar de estar establecida como una recomendación de la CEH no ha sido creada desde el Estado, sino por parte de organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas, sin que sea reconocida o apoyada por el Estado.
Derechos del Migrante
Uno de los países que menor respeto siente hacia el migrante es Guatemala, donde no existe ninguna regulación que beneficie a aquellas personas que se encuentran en transito, que desean venir a éste país, porque su vida corre peligro en su nación o que han sido deportadas por haber ingresado ilegalmente a un tercer país vía Guatemala.
El trato a estos últimos es degradante e inhumano, siendo hacinados en viviendas poco aptas para albergar a un número alto de personas. Durante el 2001 se registro el suicidio de un hindú que prefirió la muerte a continuar sometido al maltrato de las autoridades guatemalteca.
Este hecho sensibilizó a la población que presionó al gobierno, para que dejara en libertad a los indocumentados hindúes, quienes en algunos casos optaron por residir permanentemente en Guatemala.
Ataques a organizaciones y defensores de derechos humanos
A partir del mes de julio de 2000 se registró la remilitarización del Ministerio de Gobernación, que ya había sido dirigido por el Ejército Nacional durante muchas décadas, casualmente ese mes marca el inicio de una serie de ataque, agresiones, intimidaciones, vigilancia, allanamientos y actos de intimidación contra todas aquellas organizaciones, que por su lucha a favor del respeto de los derechos humanos, se han constituido como una real oposición; Durante el 2001 se amenazó a Casa Alianza, GAM, CALDH, CONADEHGUA, CONAVIGUA y la organización CEIBAS fue allanada en 5 ocasiones (2 durante el 2000 y 3 durante el 2001) a la vez que sus integrantes fueron objeto de presiones. Esta organización se vió en la necesidad de cerrar sus instalaciones.
En el campo es cada vez más fuerte éste tipo de intimidaciones por parte del Ejército, como las amenazas proferidas contra el CUC en el departamento de Suchitepequez el 25 de julio. Múltiples son las denuncias de intimidaciones y amenazas que diariamente llegan a la MINUGA, PDH o cualquier otra organización social.
Las denuncias de amenazas o intimidaciones a organizaciones de derechos humanos o sus defensores nunca son tramitadas por las autoridades a las cuales se presenta. Todas aquellas acciones encaminadas a callar a la prensa, censurar a los medios de comunicación, vigilar o espiar interfiriendo las líneas telefónicas o señales de informática, son calificadas como agresiones a los defensores de derechos humanos.
Guatemala es uno de los países que mayor cantidad de agresiones contra defensores de derechos humanos presenta. Existe mucha preocupación por parte de la Señora Hina Jilani, que esperamos venga a Guatemala durante el 2002 con el objeto de constatar la difícil situación por la que atraviesan las organizaciones y los defensores de derechos humanos.
Casos CEIBAS
El caso de CEIBAS es catalogado como paradigmático, por la brutalidad con que se actuó contra ella por parte de individuos no identificados, pero que coincide con la militarización del Ministerio de Gobernación y con la llegada a esa cartera del Mayor Byron Barrientos, pero también con la llegada al poder por parte del FRG. 5 allanamientos, amenazas, seguimiento, vigilancia e intimidación contra sus integrantes, especialmente contra su director Ivan Castillo Méndez se constituyeron en la causa del cierre de la misma.
5 allanamientos (2 en el 2000 y 3 en el 2001 -10 de marzo, 1 y 12 de mayo-) tenían como objetivo crear confusión, temor e inestabilidad entre los defensores de derechos humanos y activistas sociales en general, porque evidenciaba la vulnerabilidad en que cada organización se encuentra y la señal de que se podía agredir a cualquiera, con la seguridad de que no habría ninguna investigación o castigo; Durante cada ataque se registraba destrucción de infraestructura y robo de equipo (computadoras, equipo de reproducción de materiales, bocinas, teléfonos, fax), además del robo de documento de gran importancia. En total fueron 17 los actos de intimidación y hostigamiento contra CEIBAS.
Lo ocurrido contra CEIBAS debe ser considerado como una agresión contra el movimiento guatemalteco de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, como los ocurridos contra Prensa Libre, Siglo XXI y El Periódico.
Libertad de organización y asociación
Las agresiones físicas o verbales contra organizaciones sociales, sean de la naturaleza y objetivos que sean, son cada vez mas constantes; Muchos son los casos registrados en los cuales organizaciones son allanadas y destruidas, pero también muchos son los casos en que se suspende de sus labores a alguna persona por el solo hecho de pertenecer a una institución u organización de defensa de sus derechos.
Finqueros que despiden a sus trabajadores por pertenecer a organizaciones como el GAM son cada vez mas frecuentes, con lo cual se limita el derecho de los ciudadanos a la libertad de organización o asociación.
Muchas son las denuncias recibidas, sobre trabajadores que son obligados a afiliarse al FRG con la amenaza de que van sé perder sus empleos. Estos mismos son obligados a tributar con un 10% de su salario cada fin de mes, aduciendo que fue gracias al FRG que consiguieron empleo.
No existe ningún mecanismo regulador de manera legal de un mecanismo tan anómalo como ese.
Agresiones y negación de justicia a homosexuales y travestis
El militarismo va de la mano del machismo y de la prepotencia, siendo la población homosexual la que se convierte en víctima de estos. Cada día son mas frecuentes los casos de abuso y prepotencia contra travestís y homosexuales, sin que se tome con seriedad a los mismos cuando se presentan a interponer una denuncia.
No existe registro de todos los casos de abuso contra travestís, porque no se toma en serio las denuncias, haciendo esperar durante muchas horas a las víctimas en los pasillos de los tribunales o del Ministerio Público, pero también porque existe vergüenza de presentarlas por parte de las víctimas.
El 12 de agosto Mario Rodríguez, quien es travesti fue brutalmente asesinado por dos hombres no identificados que se conducían en una motocicleta, el hecho ocurrió en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Heisel Valverde fue agredido con arma de fuego por hombres no identificados que se transportaban en un vehículo, el hecho ocurrió el 31 de julio en la zona 1, habiéndolo herido en las piernas.
Durante la guerra sucia que el ejército libró contra la población civil indefensa, los homosexuales fueron víctimas constantes de los abusos de los violadores de los derechos humanos, sin embargo no es posible contar con un registro o con datos reales de lo ocurrido a causa de los pocos mecanismos de control que existían para guardar bases de datos.
Administración de justicia
Se avanzó en un caso durante el 2001, se trata de la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, aunque todavía queda la duda, sobre si este puede ser catalogado o no como paradigmático, porque no se trató de un caso cualquiera, sino de uno en que se mucha observancia y hasta presión internacional.
Sea como sea, fue significativo ver como se sentenció a un coronel, dos capitanes y un sacerdote; Son muchos los casos pendientes, como el de las 2 erres, el de Myrna Mack, el de Mayra Gutiérrez Hernández o la investigación que se sigue por la desaparición forzada de Edgar Fernando García contra el General Oscar Humberto Mejía Victores.
Podemos señalar que los tribunales de justicia gozan de poca libertad y autonomía, continúa la presión e injerencia de parte del ejercito y del ejecutivo. Es fundamental que se avance en el fortalecimiento de este alto organismo.
Derechos económicos, sociales y culturales
El desempleo, los bajos salarios, la falta de vivienda, salud, educación, la corrupción, la militarización y otros constituyen violaciones a los derechos humanos, sean estos catalogados de manera individual o colectiva. No es solo con balas o con torturas como se asesina a la población, es también por él estomago.
Durante el 2001 la situación económica y social sufrió un duro revés, la crisis económica desencadenó en un mal endémico para muchos países, pero poco conocido en el continente americano, como lo es la hambruna. En tres comunidades se empezaron a registrar muertes a causa de la falta de alimentos.
Camotán, Jocotán y Olopa los 3 municipios indígenas marginados de Chiquimula, y éste departamento marginado en el ámbito nacional, fueron las victimas; La ayuda de la sociedad civil no se hizo esperar, sin embargo la del Estado nunca llegó.
Por lo menos 102 son los municipios que se encuentran en peligro de enfrentar la crisis de la hambruna durante los primeros tres meses del 2002, sin que hasta el momento se hayan creado planes que tiendan a impedir que se dé una situación de esa naturaleza.
La hambruna es producto del desempleo y de la injusta distribución de la riqueza, que se encuentra concentrada en pocas manos, recordemos que 2 mil familias son propietarias de la mitad de la riqueza nacional y aunque el gobierno ha entrado en confrontación con ese poder económico, poco es lo que hace para impulsar la justa distribución de esa riqueza.
No existe una legislación que garantice el correcto desarrollo de los guatemaltecos a través de una política de empleo o de salario adecuada. Y Cuando se trata de confrontar a un campesino y a un empresario frente a los tribunales de trabajo, regularmente, quien gana será el empresario.
Aunque el ministerio de educación es uno de los que mayores recursos recibe junto al de salud y agricultura, es poca la capacidad de ejecución que este tiene, durante el 2001 demostró incapacidad y falta de voluntad para satisfacer las necesidades educativas de la población.
Los tres ministerios señalados se plegaron al militar, brindándole en reiteradas ocasiones ventajas económicos, que perjudicaron el traslado de ayuda de un ministerio a otro. Es inaudito que en un país eminentemente agrícola el Ministerio de Agricultura haya ejecutado escasamente el 24.75% de su presupuesto.
La corrupción es otro de los fenómenos que se ha venido enquistando en las esferas gubernamentales a lo largo del gobierno eferregista, en un rango de 1 a 75, en el que 1 sea el país menos corrupto, Guatemala está ubicada en la posición 65 según organismos de reconocimiento internacional.
Son múltiples los escándalos conocidos en este sentido, como el robo de 90 millones de quetzales (15 millones de dólares) en el ministerio de gobernación, 2,700 millones de quetzales trasladados a bancos propiedad de un amigo del presidente, 100 millones que fueron robados de uno de los bancos estatales o el que el presidente de la República se haya comprado trajes por valor de 20 millones de dólares en diciembre de 2000, son algunas de las muestras conocidas, sin que se haya iniciado investigación o procesos judiciales contra los responsables, porque al parecer la corrupción abarca tanto a instituciones del organismo ejecutivo como judiciales.
Desestímulo en la inversión
La corrupción y el clima de inseguridad han provocado un desestímulo en la inversión tanto nacional como extranjera, muchos empresario están abriendo fabricas o cualquier tipo de empresas en Nicaragua, El Salvador u Honduras, otros tantos están trasladándolas a esos países, que brindan las garantías mínimas de desarrollo y seguridad.
Obviamente el desestímulo en la inversión, genera mayor pobreza por el desempleo que alcanza ya cifras del 60%, algunas comunidades campesinas pueden llegar al 95%, especialmente aquellas en que existe el peligro de la hambruna para los primeros meses del 2002. Existe poca credibilidad en las autoridades de gobierno, factor que tambien incide en la poca inversión.
Crisis del café, crisis de todos los productos agrícolas, desempleo y hambruna.
Desde el siglo XIX el café ha estado en crisis y los empresarios, que en su mayoría son finqueros ultraconservadores, nunca tuvieron ni el interés, ni la voluntad de tecnificarse en el cultivo, puesto que contaban con fuerza de trabajo campesina barata, a la cual podían explotar y abusar.
Fueron múltiples los ciclos críticos que se daban en momentos en que crecía la producción brasileña o colombiana, pero cuando ésta entraba en crisis, la guatemalteca mejoraba. Sin embargo no se previó que los brasileños movieron sus cultivos hacia tierras mas calidad, eliminando así la posibilidad de que hubiera crisis a causa de las heladas.
Por otro lado los vietnamitas con fuerza de trabajo mal pagada, se desarrollaron y tecnificaron, convirtiéndose en una potencia mundial en el cultivo del café, provocando la caída de los precios y por consiguiente la quiebra del café nacional.
Los cafetaleros se vieron perjudicados en sus economías, pero más lo fueron los trabajadores de las fincas cafetaleras, que al no encontrar empleo en ningún lugar y enfrentar la sequía del 2001, no tuvieron la oportunidad de contar con alimentos, generándose así la crisis de la hambruna.
La crisis del café, es tan solo un eslabón de lo que será la crisis de todos los productos agrícolas, como la caña del azúcar y otros, que seguramente en el futuro provocarán un mayor desempleo que el que ya se vive. Durante el 2001, por lo menos 100 mil personas se sumaron el ejercito de desempleados a causa de la caída de los precios del café, se prevé que la zafra azucarera disminuirá también durante el 2002, factor que agudizará la crisis ya existente entre la población campesino.
El Estado no ha adoptado ninguna postura con respecto a la crisis agrícola, estamos convencidos que la fomenta, para generar confrontación de un sector de la población con otro, del cual únicamente se verá favorecido el partido FRG.
La posición en que se encuentran los campesinos es en intensificar sus demandas a favor de la tierra, sin embargo, cuando una finca les es otorgada, al poco tiempo tienen que abandonarla, porque no tendrán la capacidad de pagarla, porque los productos que puedan cultivar, no tienen el suficiente mercado y la forma en que deberán producirlos no se desarrolla de manera técnica.
Al no brindarles asesoría y apoyo técnico, sobre la forma de cultivar, producir y comercializar, los campesinos terminan quebrando y la finca queda abandonada; Son muchas las fincas que están sin campesinos y sin trabajadores porque no pueden ser pagadas.
Crisis política
La crisis económica es una de las mayores causas junto a la corrupción, la intolerancia y la confrontación de la crisis política que enfrenta Guatemala y que daña a la población.
El presidente de la República no se preocupa por impulsar políticas acordes a las necesidades poblacionales o por gobernar; Se dedica a satisfacer sus intereses personales o los de sus familiares o amigos; Intereses que muchas veces son mezquinos y dañan a la población.
Al preocuparse únicamente de sus intereses, no se preocupa por gobernar, dejando un vacío muy grande, que es aprovechado por personas de oscuros antecedentes o del vicepresidente, que termina haciéndola de presidente, mientras que aquel se encuentra vacacionando en cualquier playa mexicana.
Ese vacío de poder, puede ser producto de una estrategia que el partido en el gobierno tenga, para aparentar frente a la población que se trata de una divergencia entre los presidentes de los dos poderes del Estado (legislativo y ejecutivo). Sea lo que sea, es Guatemala la que está siendo perjudicada.
Cumplimiento de los acuerdos de paz y de las recomendaciones de la CEH
El avance en el cumplimiento de los acuerdos de paz ha sido nulo a lo largo de los dos últimos años a pesar de que el presidente, en su discurso de toma de posesión, prometió que los mismos se convertirían en compromisos de Estado.
Hubo necesidad de recalendarizar el cumplimiento de los acuerdos al año de gobierno eferregista, se generó una nueva expectativa, sin embargo nuevamente se registró una burla a la población y a la comunidad internacional, puesto que jamás existió el más mínimo interés por llevar a la practica esos compromisos.
Para fines del 2001 se avanza en el aparente cumplimiento de algunos de los compromisos, porque se avecina la realización del grupo consultivo en febrero de 2002, pero desde ya tememos que se trata de un nuevo acto demagógico.
Las recomendaciones de la CEH han corrido peor suerte, porque ni siquiera han sido mencionadas públicamente por los gobernantes, se ha ignorado su existencia y no se vislumbra el más mínimo interés por llevarlas a la practica.
Los acuerdos de paz, parecen condenados a quedar guardados en alguna de las gavetas gubernamentales durante los siguientes dos años, será el siguiente gobierno el que tome la decisión de convertirlas en un proyecto de nación o ignorar como el actual el resultado de cuatro décadas de confrontación y violación a los derechos humanos.
Conclusiones
Notas:
1. Se ha registrado un incremento de por lo menos un 25% en las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia durante el 2001 sí se le compara con el 2000 y de casi el 40% si se compara con 1999.
2. Se ha incrementado la presencia militar en las ciudades, el campo y en las diversas instituciones públicas, generándose un nuevo proceso de militarización de dependencias como el Ministerio de Gobernación o la Policía Nacional Civil.
3. El Estado Mayor Presidencial continúa fortaleciéndose y actuando con autonomía incluso del mismo ejército, convirtiéndose en una banda capaz de asesinar, secuestrar, extorsionar o cometer cualquier delito. Durante muchas décadas ha sido un Estado dentro de otro, que ha dominado presidentes y en algunos momentos ha sido el poder detrás de gobiernos que podrían ser catalogados como de fachada.
4. Existen indicios claros de la participación de militares en violaciones a los derechos humanos, hechos de violencia y actividades delictivas.
5. El gobierno está respondiendo a los intereses de militares, que han construido un poder paralelo, desde el cual ejercen un real gobierno en la satisfacción de sus intereses.
6. El crimen organizado funciona de manera descarada dentro de altas estructuras gubernamentales.
7. Persiste el abuso de finqueros, que no respetan los derechos de los trabajadores, sin que el Estado intervenga para garantizar esos derechos, beneficiando de esa manera a los propietarios de grandes extensiones de tierra, quienes actúan protegidos por los comandantes de bases o destacamentos militares de la zona, propiciando de esa manera un incremento en las violaciones a los derechos humanos, en contra de campesinos que se involucran en luchas sociales.
8. La corrupción se ha convertido en la única forma de hacer gobierno durante los últimos dos años.
9. Existe institucionalidad en la protección de violadores de los derechos humanos, impidiendo que los tribunales de justicia funciones de manera independiente.
10. Persisten los abusos en contra de activistas sociales, especialmente sí son de derechos humanos o de derechos de población lesbica u homosexual.
a. Se produjo el cierre de las instalaciones de CEIBAS.
b. Miembros de OASIS no son atendidos en las diversas dependencias públicas.
11. La riqueza continúa concentrada en pocas manos y la población pobre cada día es mayor.
12. No hay capacidad de generar fuentes de empleo o de garantizar la solución de los derechos de la población.
13. La crisis económica, agraria, la caída de los precios del café y la sequía han general hambruna en por lo menos 3 municipios del oriente del país.
14. La administración de justicia continúa sin funcionar de manera adecuada, siendo muchos los casos pendientes.
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