De nueva cuenta, la bancada del Frente Republicano Guatemalteco ha sido acusada de pretender aprobar este fin de año varias leyes sin consensos. Una de las normativas legales que intentaban aprobar sin la búsqueda de acuerdos es la Ley General de Descentralización, propuesta con la cual no sólo están en desacuerdo otras bancadas congresiles, sino también varias organizaciones de la sociedad civil que han expuesto públicamente su opinión en cuanto a que la propuesta del FRG viola la autonomía municipal y constituye una herramienta de control social.
En un comunicado hecho público por varias organizaciones de la sociedad civil se expone que el proyecto de ley constituye un grave retroceso en relación con el trabajo que se ha venido realizando desde la firma de los acuerdos de paz sobre descentralización y participación ciudadana, y que aun cuando en la iniciativa se reconoce la autonomía municipal, los mecanismos sugeridos para la adopción de políticas y ejecución de proyectos la violan. El artículo 9 de dicha propuesta deja las políticas de descentralización, consultadas con los alcaldes, sujetas a la aprobación del Presidente de la República, lo que más bien indica centralización de la toma de decisiones.
Antes de conocerse que la bancada oficialista pretendía aprobar dicha iniciativa de ley este fin de año, las organizaciones de la sociedad civil habían solicitado al Congreso que no la aprobara en segunda lectura y que iniciara un proceso amplio de consultas y deliberaciones en torno a este tema, que tomara en cuenta las iniciativas de ley ya interpuestas ante el Congreso en torno a Ley de Consejos de Desarrollo, Código Municipal, Ley de Regionalización y leyes sobre descentralización.
Otra de las normativas legales que los eferregistas pretendían aprobar este fin de año, pese a los señalamientos de ilegalidades cometidas, es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La bancada oficial emitió un dictamen favorable para la aprobación de dicha ley, lo que contraviene lo establecido en la Constitución Política de la República en el sentido de que para la aprobación son necesarias tres cuartas partes de los miembros del Congreso.
Además de esta ilegalidad, los eferregistas buscaban incluir en la ley modificaciones que son de beneficio partidario. Una de éstas, quitar el proceso de antejuicio como uno de los requisitos para ser separados de cargos en la junta directiva del Congreso. Esto beneficiaría, sin lugar a dudas, a los diputados eferregistas que ocupan puestos en la directiva y contra quienes se ha iniciado proceso de antejuicio por la alteración a la ley que grava las bebidas alcohólicas.
Representantes de la oposición política guatemalteca han dicho, además, que con modificaciones a la Ley Electoral se pretende validar la participación del general Efraín Ríos Montt en los próximos comicios electorales. Al final, aparentemente ante la presión ciudadana porque no se legisle de prisa y con miras a favorecer intereses particulares, los congresistas han dado marcha atrás. Eso sí, luego del anuncio del Partido de Avanzada Nacional de que retiraría su bancada de las sesiones programadas para los últimos días de diciembre, ante la actitud de los eferregistas de no buscar consensos.
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"Chomanem"
Publicación mensual de análisis y debate del Departamento de Politica, Relaciones Públicas y Comunicación de la Fundación Rigoberta Menchú Tum
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