Desde las Ciencias Económicas, la Economía sí ha aportado su instrumental metodológico al análisis del patrimonio cultural, habiendo surgido en las últimas décadas una sub disciplina de la Economía de la Cultura denominada Economía del Patrimonio, que tiene como objetivo el estudio de las implicancias económicas de los elementos históricos y culturales que tienen un valor simbólico para una comunidad dada, sean elementos tangibles (edificios, esculturas, cuadros, etc.) como intangibles (fechas históricas, festividades, gastronomía, etc.),
La propia noción de patrimonio cultural, trae aparejado el concepto que los poseedores de dicho patrimonio tienen el deber de preservarlo para las generaciones futuras. La conservación del patrimonio es una función que mayoritariamente está a cargo del Estado, y la preservación de un patrimonio se realiza ya sea para evitar su destrucción, ya por el efecto económico que puede producir sobre determinado territorio, o por la generación y reafirmación de valores simbólicos compartidos. Y aunque la protección del patrimonio es un concepto que suele contar con consenso social, no deberá olvidarse que los recursos públicos destinados a conservar y promover el patrimonio, son recursos no empleados en otras áreas, como salud, educación, vivienda, etc, por lo que en países con bajos recursos, el costo de preservar el patrimonio tiene asociado un alto costo de oportunidad.
Asimismo, deberá optarse entre que bienes patrimoniales deberán conservarse, cuales deberán difundirse y cuales no, decisión que implica criterios valorativos subjetivos y que suele ser competencia de quienes tienen a su cargo la ejecución de las políticas culturales. La elaboración de jerarquías en lo concerniente a la conservación y difusión del patrimonio está asociada a tendencias político ? ideológicas, las que dependen de la sociedad y de la época. Como bien han sostenido diversos autores , la dificultad al definir la forma de intervención estatal ha tenido como consecuencia que las políticas públicas se alejen de las preferencias del público en general y ha potenciado el papel dominante de una elite de expertos en la elaboración de dichas políticas. Expertos que no necesariamente se encuentran incentivados para tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. Y aunque este hecho es compartido con otras expresiones culturales, como puede ser la definición del programa de exposiciones temporales en los museos, o la elección del repertorio de un ciclo sinfónico, cobra un significado mayor en lo concerniente al patrimonio cultural, ya que para que un bien patrimonial, tangible o intangible, sea posible de calificarse como tal, tiene necesariamente que tener un valor simbólico asociado. Y son precisamente los residentes de una comunidad los que le otorgan dicho valor simbólico, fruto de una construcción social.
Pero la Economía posee herramientas que permite fijar políticas con respecto a la conservación y promoción del patrimonio con criterios democráticos, y la Contabilidad de Gestión cuenta con herramientas que faciliten la implementación de dichas políticas así como evaluar el desempeño y la consecución de los objetivos planteados.
Las técnicas de la economía posibles de utilizarse para definir políticas de conservación de patrimonio consensuadas, son las relativas a la valoración de los bienes culturales. Cada sociedad debe decidir que conservar, y para ello, es necesario cuantificar. Alfred Marshall escribía en 1891: ?Es imposible evaluar objetos tales como los cuadros de los grandes maestros o las monedas extrañas, puesto que son únicos en su especie y no tienen ni equivalente ni competidor? Sin embargo, en la actualidad existen diversas técnicas que permiten estimar, con bastante aproximación, el valor que una sociedad le da a un bien patrimonial. Estas técnicas, están basadas en la ?disposición a pagar? de los individuos, y es posible destacar tres metodologías diferentes: ?enfoque hedónico del mercado? que determina el valor de un bien cultural analizando los mercados privados que reflejan indirectamente la utilidad de que disfrutan las personas, el conocido ?enfoque del costo del desplazamiento?, y la ?valoración contingente?, siendo esta última, la metodología más utilizada por la mayoría de los economistas, y consiste en utilizar sondeos muestrales para calcular la voluntad o disposición a pagar de una sociedad por un objeto cultural
Tal como sostiene Rausell (Rausell, 2004), las técnicas de valoración del patrimonio, permiten a los ciudadanos expresar sus valoraciones, jerarquizar sus preferencias, otorgarles consistencia lógica, así como ordenar y centrar el debate social. Aportan también autonomía al ciudadano al no tener que depender de las posiciones de los expertos, y fundamentalmente, brindan elementos objetivos para poder definir políticas culturales más transparentes.
Asimismo, la Contabilidad de Gestión tiene mucho que aportar a la hora de evaluar el cumplimiento de dichas políticas, en especial por medio de los indicadores de gestión, los que se muestran como herramientas óptimas para medir los efectos de las intervenciones públicas. Además de los indicadores de economía, eficacia y eficiencia, cobran relevancia los indicadores de:
- Efectividad: Estos indicadores, miden el impacto final de la política de protección del patrimonio sobre el total de la población, y su potencialidad crece si se complementa a los indicadores de eficiencia.
- Equidad: los indicadores de equidad pretenden medir el nivel de distribución justa - ecuánime- en las políticas culturales, por lo que cuantifican la posibilidad de acceso al patrimonio de los sectores sociales menos favorecidos, en comparación con las mismas posibilidades de la media del país.
- Evolución sostenible.- refiere a la capacidad de mantener servicios relacionados a bienes patrimoniales con una calidad aceptable durante un largo período de tiempo.
La evolución tanto en los sistemas de información como en el marco teórico de las Ciencias Económicas, ha permitido contar con herramientas no imaginadas unas décadas atrás. Está en los líderes políticos o en las demandas de los grupos de ciudadanos que dichas herramientas sean aplicadas.
Carolina Asuaga
Universidad de la República