Tras la Reunión de las Partes celebrada esta semana en Lucca
EL GOBIERNO ESPAÑOL PERSISTE EN NO RATIFICAR EL CONVENIO DE ÄARHUS
Los pasados días 21 y 22 de octubre se reunieron, en la ciudad italiana
de Lucca, las Partes firmantes del Convenio sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública en la Toma de Decisiones y el
Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, firmado en 1998 en la
ciudad danesa de Äarhus. Este Convenio entró en vigor el 30 de octubre
del pasado año cuando el decimosexto país depositó ante la ONU el
instrumento de ratificación y son ya 22 los países que lo han hecho.
En esta reunión, en la que participó Ecologistas en Acción, se adoptaron
importantes acuerdos, entre ellos la Declaración de Lucca -especialmente
relevante por ser la primera vez que la declaración de una conferencia
internacional se elabora por consenso entre Estados Participantes y las
organizaciones ecologistas- así como numerosas Decisiones como por
ejemplo sobre Organismos Modificados Genéticamente, Acceso a la
Justicia, Mecanismos de Queja, Herramientas Electrónicas...
Desgraciadamente, y aunque debiéramos estar ya acostumbrados a ello, se
debe destacar el desinterés demostrado por el Gobierno español tanto en
el Encuentro de las Partes como en general por todo lo que supone esta
Convención desde el punto de vista de la democracia en materia de medio
ambiente. Así, llama la atención frente a la presencia de 13 ministros,
ocho viceministros así como del Director Ejecutivo de la UNEP, Klaus
Topfer, el bajo perfil de la delegación oficial española que, sólo
contaba con el Secretario y Vicesecretario General Técnico. Sin embargo,
este bajo perfil es perfectamente acorde con las expectativas que el
Ministerio de Medio Ambiente tiene depositadas en la citada Convención
Internacional.
Y es que la situación es realmente rocambolesca, puesto que el Estado
español fue uno de los Estados Firmantes del Convenio en 1998, y lo que
es más grave, el mismísimo Parlamento autorizó su ratificación el 5 de
diciembre de 2000, fecha desde la cual el ejecutivo viene postergando el
depósito del instrumento de ratificación.
Además, y por si fuera poco, no entra en los planes del Ministerio
acabar con esta situación tan ridícula y comprometedora en el ámbito
internacional (no olvidemos que el Poder Ejecutivo está desoyendo un
mandato del Poder Legislativo), sino que está más que dispuesto a
mantenerla en tanto no se apruebe en la Unión Europea las tres
Directivas que implementarán los tres pilares del Convenio, Acceso a la
Información Ambiental, Participación Pública en la Toma de Decisiones y
Elaboración de Planes y Políticas y Acceso a la Justicia en Materia de
Medio Ambiente. Esto dilatará la actual situación por lo menos hasta el
2002, dado que estas Directivas están aún en fase de preparación.
La pregunta, que se formula Ecologistas en Acción, es ¿por qué esperar a
la aprobación de las Directivas si estas forzosamente no podrán
separarse mucho de lo establecido por la Convención, como tampoco podrán
hacerlo las medidas que a escala nacional y autonómica se adopten en su
cumplimiento?.
La respuesta quizás sea que mientras tanto ya se ha aprobado el Plan
Hidrológico Nacional, con un enorme impacto ambiental y con una
inexistente participación pública en su elaboración, y otro tanto
ocurrirá, por ejemplo, con la Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible.
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Para más información:
Jaime Dorestes
661815686
Ecologistas en Acción
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