Tras la firma del TLCAN La industria azucarera mexicana se vio afectada por la importación de fructuosa, un edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos.
Ante la embestida de la fructuosa, los empresarios del azúcar recurrieron a la SECOFI para que se establecieran las medidas necesarias para proteger a la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructuosa en 1997 como medida de salvaguarda en favor de la industria local.
La consecuencia de estas cuotas compensatorias fue la caída de las importaciones de fructuosa: en 1997, último año en que la fructuosa entró al país sin cuotas compensatorias, se importaron 337 mil toneladas y para 1999 sólo ingresaron 247 mil toneladas.
Los granjeros norteamericanos productores de fructuosa al verse perjudicados solicitaron al Departamento de Comercio de EE.UU. tomara las medidas necesarias para defender sus intereses legalmente.
El gobierno norteamericano recurrió a la OMC para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructuosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas.
Tras el establecimiento de un panel para la solución de controversias comerciales, la OMC falló en favor de EE.UU. alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructuosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.
La situación se complicó cuando los empresarios del azúcar, agobiados por las deudas y la crisis de sobreproducción, incluyeron en su petición a la SECOFI una demanda más: adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar (julio de 2000).
Al plantear SECOFI la nueva demanda al Departamento de Comercio de EE.UU. salieron a la luz las cartas paralelos firmadas por Mickey Kantor y Jaime Serra Puche en las que se modificó la redacción y contenido del capítulo azucarero del TLCAN.
En estas cartas paralelas se determinó que la fructuosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia EE.UU.
Al incluir a la fructuosa en el cálculo, el total de los excedentes de producción del sector azucarero se reducían. Al importar México fructuosa era evidente que no había excedentes de producción, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano.
Los industriales del azúcar descubrieron que de incluir a la fructuosa en el cálculo se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Los cálculos realizados, considerando las importaciones de fructuosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y en consecuencia sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.
Los industriales del azúcar exigieron a la SECOFI que garantizara el acceso preferencial al mercado norteamericano a las 575 mil toneladas de azúcar. Pero conforme lo pactado en las cartas paralelas, eso resultaba imposible.
A la SECOFI sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de los EE.UU. para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. La respuesta llegó pronto: los EE.UU. también atravesaban una crisis de sobreproducción que les impedía abrir indiscriminadamente sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas firmadas por Kantor y Serra Puche.
La SECOFI, más como mero acto simbólico, solicitó la instauración de un panel para la solución de controversias en el marco del TLCAN para resolver el diferendo. Pero aún antes de que se inicie se sabe que la razón asiste a EE.UU. y no hay nada que discutir. El caso lo tiene perdido México y no hay posibilidad alguna de que la SECOFI pueda conseguir el acceso preferencial al azúcar mexicano.
Los EE.UU. dispuestos a sacar provecho de la situación propusieron a finales de agosto de 2000 la apertura de sus fronteras al azúcar mexicano a cambio de un trato similar y equitativo para las importaciones mexicana de fructuosa norteamericana.
La SECOFI llegó a un callejón sin salida: si negocia el acceso del azúcar mexicano a EE.UU., la fructuosa norteamericana vendrá a desplazar definitivamente al azúcar aunque aplazará por un año o dos la quiebra de la industria nacional. Y si no logra el acceso del azúcar al mercado norteamericano, la industria nacional quebrara -agobiada por su endeudamiento- lo que permitirá el ingreso de la fructuosa norteamericana para satisfacer la demanda interna.
En un nuevo capítulo del caso, México se aferra a un infantil argumento: Luis de la Calle subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, desconoce la validez de las cartas paralelas ya que "sólo están rubricadas, pero no firmadas". Situación que para el subsecretario convierte a las cartas en borradores y no en documentos oficiales con validez legal.
Este caso revela la ineptitud de los negociadores mexicanos a la hora de firmar el TLCAN, incapaces de defender los derechos de los productores nacionales al no haber previsto las consecuencias de incluir a la fructuosa en el cálculo de los excedentes de producción del mercado de edulcorantes mexicano.
Durante las negociaciones del TLCAN la SECOFI consideró en sus proyecciones que existiría un déficit en el mercado de endulzantes de un millón y medio de toneladas. Esta perspectiva los llevó por un lado a abrir las fronteras mexicanas a la importación de fructuosa y maíz y por otro lado a negociar y aceptar volúmenes ínfimos de azúcar mexicana sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.
Hay que reconocer también la habilidad y los conocimientos de los negociadores norteamericanos para prever situaciones que les significarán beneficios. Hay que destacar que la postura adoptada por el gobierno norteamericano en las cartas paralelas firmadas por Kantor y Serra es producto de la presión ejercida por los senadores de aquél país; esto es, los senadores tenían una posición favorecedora de los intereses de sus electores que fue tomada por los negociadores. Una situación distinta sucedió en México, donde la única opinión de los senadores fue aprobar lo negociado por el ejecutivo.
Mientras esto sucede la situación de la industria azucarera es preocupante: acumulan deudas por casi 2,500 millones de dólares. Muchos empresarios han comenzado a negociar la venta de sus negocios a corporaciones trasnacionales, tal como sucede con el Corporativo Azucarero Escorpión, que controla el 21% de la producción.
De concretarse la venta de los ingenios y ante la crisis de sobreproducción en el mercado internacional del azúcar no sería nada rara que los nuevos dueños decidieran cerrarlos de manera definitiva. Para las corporaciones que llegaran a comprarlos no sería prudente mantener la producción si el principal mercado -el norteamericano- continúa cerrado a las exportaciones mexicanas; ni los bajos costos de producción serían atractivo suficiente para mantener funcionando a los ingenios mexicanos.
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Alain García
albegago@hotmail.com