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Fuentes del Derecho Administrativo





Contenido:
CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Opinión sobre el concepto de Derecho Administrativo
Materias que comprenden el Derecho Administrativo
Orden Jurídico bajo el cual se realiza la función administrativa
Relaciones entre el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional y el Derecho Privado
Relaciones del Derecho Administrativo con otras ramas del derecho y otras Ciencias Sociales
FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
La ley en su carácter formal y material
La ley sólo en su carácter material
El artículo 11 transitorio de la Constitución de 1917
Facultades Constitucionales del Consejo Superior de Salubridad
Los Reglamentos
Las Circulares
La costumbre y la jurisprudencia como elementos de interpretación
Codificación
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN

Tras una acuciosa y profunda investigación, realizada en los tradicionales textos de apoyo y consulta tanto para profesores como para estudiantes que cursan la materia de Derecho Administrativo, con el animo de dilucidar en tomo a las controvertidas posiciones en cuanta a la definición de Derecho Administrativo, tratamos de presentar en éste documento con los argumentos universalmente más válidos el concepto de Derecho Administrativo.

Así como también y de la misma manera presentamos un estudio en tomo a sus fuentes, so propósito de llegar a tener un concepto claro y debidamente substanciado en cuanto a la materia por los aspectos jurídicos que regula, y su relación con otras ramas del derecho y las ciencias sociales.

CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

OPINIONES SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

En tomo al concepto de Derecho Administrativo, estudiosos de la materia han presentado muy diversas opiniones por lo que la fijación de un concepto de Derecho Administrativo universalmente válido, constituye hasta la actualidad un problema, en virtud esto del campo de aplicación que al Derecho Administrativo se le reconoce y por el diverso concepto que se tiene de los sujetos de las relaciones que debe de regir.

Tradicionalmente se ha definido el Derecho Administrativo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, definición similar la que estudiosos del derecho especialistas en otras ramas del derecho nos presentan al definir al Derecho Administrativo como al conjunto de reglas que regulan los servicios públicos o bien es el conjunto de normas que regulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo.

Sin embargo esa definición tradicional, ha sido insistentemente criticada, ya que adopta un criterio formal de administración dejando de lado el que la función administrativa no es exclusiva del Poder Ejecutivo y no queriendo entender también que el Poder Ejecutivo realiza actos que corresponden materialmente a las funciones legislativas y Jurisdiccional.

Otro concepto semejante y en opinión de otros tratadistas establece que "El Derecho Administrativo es la rama del derecho público que regula: La organización de la empresa de la administración pública y de las diversas personas administrativas en las cuales ha encarnado.
Los poderes y los derechos que poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos. El ejercicio de estos poderes y estos derechos por la prerrogativa especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen".

Así pues se define al Derecho Administrativo como regulador de la organización y acción de las autoridades administrativas, en su consideración formal se agrega un elemento, el de reputar a dicha autoridades como personas y a las facultades que le están atribuidas como derechos.

Por otro lado la escuela realista en contrario al punto de vista anteriormente anotado, niega personalidad a la administración. Por que solo ve individuos iguales a los particulares manejando a los servicios públicos y niega también la existencia de los derechos subjetivos por ser el concepto de éstos, de carácter metafísico. Tampoco podemos atenernos a éstas ideas porque si bien es cierto el Derecho Administrativo regula servicios públicos, no toda la función administrativa se agota en todos los servicios.

Otros autores definen al Derecho Administrativo como el conjunto de normas que regulan las relaciones del Estado con los particulares.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta el concepto de Derecho Constitucional, que distinguidos juristas nos presentan, diciendo que Derecho Constitucional es la rama del derecho público, que determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno, sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí. Garantiza además a las personas físicas y morales una esfera de derecho jurídicamente invulnerable frente al Estado mismo, mediante el reconocimiento de los derechos públicos subjetivos o garantías individuales.

En nuestra opinión el Derecho Administrativo es en efecto una rama del derecho público que en el marco jurídico constitucional regula la organización, funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo en cuanto a la prestación de servicios públicos y a los individuos que encarnan la función pública en aras del bien común.

De lo que se deduce que el Derecho Administrativo es el derecho regulador de la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines, incluyendo el régimen de organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo y el ejercicio de la función administrativa.

MATERIAS QUE COMPRENDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO

En éste renglón se hace necesario determinar la naturaleza de las normas que constituyen el Derecho Administrativo.

Como es sabido el Derecho Administrativo es una rama del derecho público por las normas que lo constituyen tienen esa calidad, sin embargo en la actividad del Estado se presentan casos en los que el Poder Público puede buscar la colaboración voluntaria de los particulares, celebrando con ellos contratos y realizando actos, que forman parte de las instituciones del derecho privado sin desprenderse de su carácter de Poder Público y por eso mismo en dichos casos la legislación aplicable se ve influenciada por tales circunstancias, de modo que al lado del Derecho Público y del Derecho Común, también son aplicables al Estado en algunas de sus relaciones normas del Derecho Privado que han sufrido una adaptación a las condiciones especiales significadas por la intervención del Poder Público, creándose así un Derecho Privado especial para el Estado, que con el Derecho Común y el Derecho Público forman el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de la administración.

Así pues, forman parte del Derecho Administrativo no solamente las normas del Derecho Público, sino también las normas del Derecho Privado especial que rige la Administración, Derecho Privado Especial aplicable a determinadas relaciones en las que el Estado interviene.

Se habla de Derecho Privado Especial en cuanto a su aplicación, porque el Estado nunca puede llegar a tener una relación jurídica, una situación idéntica a la de un particular, pues no puede prescindir de su carácter de poder público del cumplimiento de las finalidades que persiguen y del medio en que desarrolla su actividad.

ORDEN JURÍDICO BAJO EL CU AL SE REALIZA LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Como ha quedado asentado en el punto anterior y con el ánimo de clarificar si el orden jurídico bajo el cual se realiza la función administrativa, es exclusivamente del Derecho Público, cabe anotar que la existencia del Derecho Privado Especial abre un espacio donde se establece la normatividad que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en la celebración de contratos, donde se debe cumplir para su validez con los requisitos esenciales, como la capacidad de los contrayentes y de donde se desprende la necesidad de que el derecho que regule los actos de la administración no siempre sea precisamente ni el derecho público ni el derecho común, sino normas jurídicas en las cuales se toma en consideración la situación que conserva el Estado, aún en las relaciones en que puede aparecer semejante a un particular, es decir, normas que constituyen el derecho civil especial.

Por lo expuesto, cabe anotar que el orden jurídico de la función administrativa no es exclusivamente de derecho público en virtud esto de la existencia de las normas que constituyen el derecho civil especial y por ser éste un punto de enlace normativo de la relación del Estado con los particulares en el contrato administrativo.

RELACIONES ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO, EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO PRIVADO

En lo que se refiere al presente concepto, podemos afirmar que tanto el Derecho Privado como el Derecho Administrativo tienen diferencias y relaciones. Ya que el Derecho Administrativo como una rama del Derecho Público se distingue del Privado, porque mientras que el primero tiene la finalidad de satisfacer el interés colectivo, el segundo sólo se refiere al interés de los particulares.

La inexactitud de ésta distinción es manifiesta si se tiene en cuenta que el Derecho, en todos los aspectos que se le considere constituye un fenómeno social cuya finalidad es siempre conciliar la actividad de los componentes de la sociedad para hacer posible la vida en común, es decir, para satisfacer un interés colectivo. De suerte tal, que aún consientes de la dificultad que existe para poder definir en términos generales los casos de aplicación al Estado de las normas del derecho Privado, es prudente destacar que las normas del Derecho Público serán aplicables en todos aquellos casos en que la actividad del Estado se vincule con la subsistencia misma de la organización estatal o con el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden, dejando para el derecho privado todas las actividades que no estén en esas condiciones.

Sin embargo, aunque en los casos de relación con el Derecho Privado sean los que establecen el Derecho Civil Especial, con el Derecho Constitucional si guarda una estrecha relación puesto que ambas ramas del Derecho corresponden al Derecho Público, mientras que el Derecho Constitucional regula la estructura de la administración pública y el funcionamiento de los órganos políticos supremos, el Derecho Administrativo establece el conjunto de normas que regulan los servicios públicos a cargo de cada uno de los órganos políticos supremos y norma la organización y funciones del Poder Ejecutivo.

RELACIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES

El Derecho Administrativo forma parte de nuestro Orden Jurídico y por lo tanto aún cuando reúne las condiciones del conocimiento científico, no debemos considerarlo aislado, sino íntimamente relacionado, por subordinación o por colaboración con otras ramas del derecho, fundamentalmente con el Derecho Constitucional, con el Derecho Procesal, con el Derecho Civil, con el Derecho Penal y con el Derecho Internacional.

El Derecho Constitucional comprende todas las normas que se refieren a la estructura misma del Estado, a la organización y relaciones entre los Poderes Públicos y a los Derechos fundamentales de los individuos, en tanto que constituyen una limitación para la actividad misma del Estado. El artículo 133 de la Constitución General de la República establece el principio de la Supremacía Constitucional, al autodefinirse como la "Ley Suprema de toda la Unión". y por lo mismo, resulta obvio que todas las ramas del Derecho quedan subordinadas al Derecho Constitucional, peso sin perder la autonomía que corresponde a cada una de ellas.

El maestro Gabino Fraga explica que en tanto el Poder Legislativo se refiere al establecimiento de normas abstractas e impersonales y por lo mismo no tiene relaciones con los particulares, el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Judicial si implica la necesidad de regular las relaciones con los particulares, y por ello, "se derivan del Derecho Constitucional dos ramas: la del Derecho Administrativo y la del Derecho Procesal regulando cada una de ellas la organización y funcionamiento de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente".

En consecuencia, si el Derecho Administrativo se desprende del Derecho Constitucional, es incuestionable que exista una relación de subordinación entre éste y aquel.

Igualmente, es ostensible la relación entre el Derecho Administrativo y el Procesal, porque aún cuando éste último regula fundamentalmente los procedimientos Civiles y Penales, resulta frecuente que en ausencia de procedimientos típicamente diferenciados para la aplicación del Derecho Administrativo, se utilizan normas del Derecho Procesal, siempre que no contravengan el interés público, y en tanto se llega a crear con características definitivamente autónomas el Derecho Procesal Administrativo. Por otra parte, la Función Administrativa complementa muchas veces el Procedimiento Judicial en su fase de ejecución, prestándole el auxilio a los Tribunales para la ejecución de sus resoluciones Civiles o Penales.

Muy a pesar de que el Derecho Administrativo está ubicado dentro del Derecho Público, en tanto que el Civil está comprendido dentro del Derecho Privado, es bien conocida la tendencia de asimilar las Instituciones del Derecho Administrativo al Derecho Civil, e incluso algunas expresiones de éste último han pasado al primero, en lo que se refiere a los Contratos Administrativos, a la prestación de servicios, a las servidumbres públicas, etc., pero debemos ser cuidadosos para evitar confusiones, puesto que en el Derecho Administrativo interesa el bien público, por encima y aún con el sacrificio de los intereses privados que tutela el Derecho Civil.

El Derecho Penal acude en auxilio del Derecho Administrativo, en una relación de colaboración, cuando se trata de darle tutela más enérgica a las disposiciones administrativas, como es el caso de las medidas de apremio, o de algunas figuras típicas como el delito de defraudación fiscal o el delito de retención total o parcial de salarios. Asimismo, la ejecución de las sanciones penales corresponde al Poder Ejecutivo, auxiliándose de los órganos que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario, regulado por disposiciones Administrativas.

También existe la relación del Derecho Administrativo con el Derecho Internacional, puesto que en muchos casos los convenios y tratados internacionales comprenden compromisos de los Estados Soberanos, para aplicar disposiciones dentro de sus respectivas administraciones públicas; son, en esencia, ficciones extraterritoriales del propio Derecho Administrativo en su aspecto material. Por ejemplo, los programas internacionales para prevenir o controlar epidemias, para vacunación, para evitar tráfico de drogas y los aún muy recientes, tendientes a evitar el terrorismo y la piratería aérea.

FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

LA LEY EN SU CARACTER FORMAL Y MATERIAL

Al referirnos a !as fuentes del Derecho Administrativo es menester señalar que dicho concepto se refiere ha que es de aquello de donde emana, nace o procede algo, de tal suerte que las fuentes del Derecho Administrativo son el lugar de nacimiento y punto de partida del mismo.

El maestro Serra Rojas, nos dice "Las fuentes de! Derecho Administrativo son los procedimientos, formas, actos o hechos, y demás medios de creación e interpretación, en los cuales tienen su origen los Principios y Leyes en general, las Fuentes mismas del Derecho, como la Ley, la Costumbre y la Jurisprudencia, todas referidas a la materia Administrativa".

La palabra Fuente se deriva del vocablo latino "Fons Fontis", y éste a su vez el verbo "fundo, fundare" que significa crear, producir o derramar.

Por Fuente Formales del Derecho Administrativo, entendemos la creación misma del Derecho, no debemos confundir el Procedimiento de creación de la Norma Jurídica, con la Fuente de dicha Norma; esto es, la Fuente fundamentalmente del Derecho es la Ley, pero no el Proceso Legislativo, porque la Ley es el Acto Jurídico general creador de Derechos y obligaciones. Otras fuentes formales del Derecho Administrativo son los Reglamentos y la Jurisprudencia.

La ley como fuente formal del Derecho Administrativo, de esto se deriva el Principio de Legalidad, cuando definimos la Función Administrativa, señalamos como primer elemento, "que se realiza bajo un Orden Jurídico", esto es, dentro de lo que dispone la Ley.

En el Derecho Administrativo, tiene importancia fundamental el Principio de Legalidad, conforme al cual los Organos del Estado sólo pueden realizar aquellas Atribuciones que les estén expresamente señaladas en la Ley, y no puede ni siquiera bajo el propósito de servir a la colectividad, actuar fuera de lo que la Ley les ordene. Se trata de una Garantía Individual, que protege al ciudadano, para evitar posibles abusos de autoridad; resultando así, un criterio opuesto al que se aplica a la conducta de los particulares, entre los cuales, se estima que todo lo no prohibido está permitido. Es bien sabido que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite, el principio de que ningún Organo del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior, tiene en todos los Estados un carácter casi absoluto, pues salvo el caso de la facultad discrecional, en ningún otro, por ningún motivo, es posible hacer excepciones a este Principio Fundamental.

Por otro lado nuestro máximo Tribunal estableció que las autoridades administrativas no tienen más facultades que las que expresamente les conceden las Leyes; y cuando dictan alguna determinación que no esté debidamente fundada y motivada en alguna Ley, debe estimarse que es violatoria de las Garantías consignadas en el artículo 16 Constitucional.

Conforme a todo lo anterior, resulta incontrovertible, que la Ley en su aspecto Formal, es la Fuente Principal del Derecho Administrativo; en tanto que la Costumbre y la Jurisprudencia son complementarias y explicativas de la propia ley, respectivamente.

LA LEY SOLO EN SU CARACTER MATERIAL

Las facultades discrecionales no constituyen oportunidad para que la autoridad actúe arbitrariamente, realizando caprichos o impulsada por pasiones, sino se trata de una facultad lógica, creada por la propia Ley, para aplicar el arbitrio mesurado y sabio, a fin de decidir qué es lo que más conviene a la colectividad. Por otra parte, tienen aplicación cuando se otorgan derechos o ventajas los particulares, pero no serías operantes para imponer cargas o privar de Derechos, puesto que resultaran violatorias al artículo 16 Constitucional. Tampoco se trata de substituir al Poder Legislativo creando situaciones diversas a las previstas en la Ley, sino simplemente es una opción para escoger lo mejor o lo más conveniente dentro de aquello que la Ley previene.

La delegación de facultades extraordinarias para legislar ha sido considerada, en ocasiones, como una excepción al principio de Legalidad en su aspecto Formal, puesto que se establece la hipótesis de que un Organo diverso al Congreso de la Unión expida Leyes.

Este tema, fue abordado muy ampliamente, por el Lic. Ignacio Vallarta, siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sostuvo que cuando el Congreso de la Unión delega facultades Legislativas en el Presidente de la República, autorizándolo para legislar en un ramo determinado, no se infringe el artículo 49 Constitucional, porque el Congreso retiene la Suprema Potestad Legislativa, y por lo mismo no se reúnen dos o más Poderes en una misma persona, sin embargo, el propio Vallarta admite una posible contradicción entre los artículos 49 y 29 Constitucionales, puesto que el primero de ellos contiene la prohibición absoluta para que se reúnan dos o más poderes en una sola persona, en tanto que el artículo 29 señala las situaciones de emergencia, por invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquiera otra que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, conforme a las cuales puede ser autorizado para legislar el Presidente de la República. Esta aparente contradicción fue solucion

ada en el año de 1938, adicionando el articulo 49 Constitucional, con las siguientes frases: "salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el articulo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el Segundo Párrafo del articulo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".

El artículo 131 Constitucional, en el referido segundo párrafo, dice textualmente: "El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país".

En resumen, las leyes expedidas por el Presidente de la República constituyen el ejercicio de las facultades materialmente legislativas, pero formalmente son administrativas, y por lo mismo, son fuente del Derecho Administrativo.

EL ARTÍCULO 11 TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 1917

En el presente concepto podemos afirmar que no existe ningún tipo de relación, ya que en la actualidad se ha legislado sobre las cuestiones agrarias y obreras por lo cual dicho concepto deja de tener importancia para su estudio.

FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUBRIDAD

Al referirnos a las facultades constitucionales del Consejo Superior de Salubridad en el artículo 73 Constitucional se establece que las disposiciones generales dictadas por ésta Institución, serán obligatorias en el País, dichas facultades otorgadas a un órgano del Ejecutivo, son indudablemente facultades legislativas desde el punto de vista material, pero formalmente constituyen actos administrativos y forman también una fuente del Derecho Administrativo.

Este sería otro caso de facultades extraordinarias para legislar, pero evidentemente se refiere también a situaciones de emergencia en caso de epidemias de carácter grave.

En nuestro criterio, se trata de verdaderas excepciones al principio de división de poderes que establece el artículo 49 Constitucional y se justifican debido a las emergencias planteadas y a los intereses económicos del país; pero carece de sentido toda argumentación tendiente ha señalar que no se altera el principio de división de poderes, puesto que la adición al propio artículo 49 Constitucional está precisando que se trata de excepciones a dicho principio.

En nuestro país, durante mucho tiempo se abuso de las facultades extraordinarias para legislar, y llego a ser costumbre del Congreso de la Unión, otorgárselas al Presidente de la República.

LOS REGLAMENTOS

Los reglamentos contienen disposiciones generales, abstractas e impersonales, que da el Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede el articulo 89 de la Constitución General de la República, para "proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes". Son materialmente legislativas, aunque formalmente administrativos, y por lo mismo, constituyen una fuente indirecta del Derecho Administrativo, porque sirven para facilitar la aplicación de la ley.

Los reglamentos son semejantes a las leyes en su aspecto material, por la naturaleza del acto jurídico, por el cual se exteriorizan, pero tienen como diferencia característica que, carecen de vida propia y están condicionados a la vigencia de la ley reglamentada; de tal suerte, que cuando se deroga o se abroga una ley, cesa automáticamente la vigencia de los reglamentos que a ella se refieren.

Estimamos infundada la crítica que se hace a la facultad reglamentaria. en el sentido de que es una forma indirecta de legislar, porque técnicamente los reglamentos no suplen a la ley, sino sirven para facilitar su aplicación y para proveer a su estricta observancia.

No puedan existir reglamentos autónomos, puesto que, si no apoyan su vigencia en una Ley, o en la propia Constitución como Ley Suprema, se tarta de Reglamentos Inconstitucionales.

LAS CIRCULARES

Por lo general, siempre que es expedido algún reglamento suele anexársele algún tipo de circular expedido por la administración, cabe resaltar que si bien es cierto dichas circulares contienen disposiciones de la misma naturaleza que el reglamento.

Es el caso, que no es posible considerar a las circulares como fuentes del Derecho Administrativo ya que no producen efectos jurídicos.

LA COSTUMBRE Y LA JURISPRUDENCIA COMO ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN

En el Derecho Mexicano, en donde los Funcionarios Públicos sólo pueden realizar aquéllas atribuciones expresamente sefialadas en la Ley, la Costumbre no constituye una Fuente, ni mucho menos puede suplir la ausencia de disposición aplicable o las lagunas de la Ley. Tampoco se utiliza la Costumbre cuando el funcionario actúa en uso de facultades discrecionales, puesto que éstas implican la aplicación de un correcto arbitrio para decidir lo que más conviene al interés público, y no siempre coincide la Costumbre con los intereses colectivos.

La Jurisprudencia, en puridad técnica, es una fuente para la interpretación del derecho, pero no es creadora del derecho Administrativo, ni mucho menos suple a la Ley.

La Ley de Amparo señala en su articulo 192 que "La Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre interpretaciones de la Constitución, Leyes y Reglamentos Federales y Locales y Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, es obligatoria tanto para ella como para las Salas que la componen, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distritos, Tribunales Militares y Judiciales del orden Común de los Estados, Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales".

Es oportuno recordar, que para que se establezca Jurisprudencia, se requiere que se sustente el mismo criterio en cinco Ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario.

La sola lectura de los preceptos mencionados, fortalece la convicción de que la Jurisprudencia, sirve para la interpretación de la Ley, siendo indispensable que ésta exista previamente.

CODIFICACIÓN

La codificación del Derecho Administrativo, la complejidad y el número creciente de las disposiciones administrativas, diversificadas en cientos de Leyes y Reglamentos, dificultan notoriamente su consulta, aún para los conocedores de la materia, y se ha propuesto como solución llegar a codificar el del Derecho Administrativo, en un solo cuerpo legal que facilite su conocimiento y consulta.

Sin embargo, crear un Código Administrativo implica el peligro de aglutinar disposiciones de muy diversa naturaleza, sin método. ni técnica adecuada.

Se ha dicho que la codificación administrativa podría comprender los Principios Generales y las Grandes Leyes que presiden la Actividad Administrativa en cada materia que concreta; pero tal generalidad podría hacer ineficaz la legislación.

Resulta más adecuada la codificación parcial por materias, atendiendo a los aspectos tan variados que comprende el del Derecho Administrativo, existen códigos administrativos con éstas características en diferentes países.

En nuestro país existe la codificación parcial por materias en el ámbito federal, destacando el Código Fiscal de la Federación, el Código Sanitario, el Código Aduanero, la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo tratamos de analizar los diferentes conceptos del Derecho Administrativo, derivado de estos conceptos podemos concluir que el Derecho Administrativo resulta fundamental dentro de la carrera de Licenciado en Derecho. No se trata de una disciplina abstracta, ni mucho menos de una compilación de conocimientos teóricos, sino el entendimiento fundamental de una realidad objetiva y materializada, que nos envuelve a todos desde que nacemos y que precisamente por considerarla connatural a nuestra forma y estilo de vida, no la percibimos, como tampoco percibimos el aire que respiramos; pero en cambio, su ausencia sería fatal y motivaría gravísima asfixia de toda nuestra organización social y política, con características de anarquía, por la deficiencia o la ausencia de la Administración Pública.

BIBLIOGRAFÍA

Fraga Gabino Jr.
Derecho Administrativo
Porrúa, México 1977

Carrillo Castro Alejandro
La reforma administrativa en México
Instituto de Administración Pública Vol. 3

Carrillo Flores Antonio
La justicia y la administración pública
Porrúa, México 1973

Castillo Velazco José María
Derecho administrativo
México, 1874

Nieto Chanes
La función administrativa y los órganos específicos de la reforma administrativa en México
Vol. 7, México 1978

Serra Rojas Andrés
Derecho administrativo
Porrúa

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Lic. Luis Rubén Tovar Medina
Universidad Abierta
www.universidadabierta.edu.mx
[Por indicación del autor: "se autoriza la reproducción de este texto para fines no comerciales, agradecemos citar la fuente"]


Autor:    Luis Rubén Tovar Medina | Area:    Administración Pública
Título:    Fuentes del Derecho Administrativo | Fecha de publicación:    19/07/2001 19:23:05
Etiquetas:    El Derecho Administrativo

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