Uno de los sectores más impactados en los últimos años por la tecnología, es sin duda el campo de los derechos humanos, como es el caso del derecho a la información, establecido en una de sus vertientes a través de ?Leyes de Acceso? o ?Leyes de Transparencia?. Este derecho se incluye en forma básica en la reforma al Artículo Sexto de la Constitución Mexicana, publicada el 13 de junio del año en curso.
Cabe señalar que la expansión del ejercicio social de la información, no sólo es jurídica, sino también tecnológica, pues en la actualidad su operatividad se base la posibilidad de interconexión entre la sociedad y el Estado. Los lazos no se determinan desde la óptica del subordinado y quien manda, sino a la inversa, de quien tiene poder de acceso y quien tiene obligación de rendir cuentas.
Además de la Constitución, existen otros marcos que protegen el derecho a saber, como es el caso de acuerdos reconocidos por el gobierno ante la comunidad internacional, los cuales establecen la necesidad de respetar tal garantía: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto de San José (1969).2
En el caso del marco jurídico mexicano, se desprenden 32 leyes estatales y una federal, que pretenden garantizar el derecho a saber a través de dos formas:
a) la publicación de datos, informes, archivos o documentos a través de portales digitales de las dependencias o instituciones que reciban recursos públicos, y
b) la recepción y respuesta a solicitudes de información, no sólo en forma escrita en ventanillas u oficinas, sino también con la posibilidad en algunos casos, de hacerlo mediante sistemas de comunicación remota.
Como parte de la misma dinámica de cambio de aplicación del derecho a saber, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ha promovido en los últimos años con las Entidades Federativas, la instalación de un sistema llamado Infomex, a través del cual las personas pueden realizar solicitudes de información por la red. Actualmente varios Estados como Aguascalientes, el Distrito Federal o Chihuahua, ya cuentan con este tipo de trámites digitales.
Esta es una de las características de la reforma del Artículo Sexto Constitucional: abrir los archivos a la comunidad en red y permitir el escrutinio público a través de una herramienta particular de la sociedad de la información. Sin embargo la tecnofilia tiene sus deficiencias: no puede acabar con todos los problemas sociales y a largo plazo puede convertirse en un nuevo mecanismo que vuelva invisible al Estado.
Un caso empírico, fue un ejercicio realizado por un grupo de maestrantes durante mayo y junio pasado, donde más del 50 por ciento de las solicitudes que presentaron a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), los sujetos obligados recurrieron a la prórroga, de las cuáles el 35 por ciento respondió en forma imparcial y por lo tanto motivó un recurso de revisión.
Evidentemente el ejercicio demuestra que la tecnología puede llegar a convertirse en un obstáculo a través del factor tiempo, pues el significado de ?tecnología? no necesariamente representa inmediatez cuando el sistema gerencial depende del factor humano.
Desde la entrada en vigor de la ley federal y hasta mediados de 2007, se han realizado a nivel federal 223 mil 444 solicitudes electrónicas y 10 mil 698 solicitudes escritas. De tales peticiones 11 mil 328 se convirtieron en inconformidades de los ciudadanos ante el IFAI por considerar que fueron violados sus derechos de información.3
Hacia el Estado-Digital
El cambio tecnológico generado en la economía y la innovación empresarial, ahora es colocado en la opinión pública por el sector político mexicano. Autoridades de varios estados como Durango, Guanajuato, Jalisco o Nuevo León, han creado programas especiales para intentar mejorar la economía y generar nuevos empleos. Las ideas van desde la creación de naves industriales de ?tecnología?, hasta la instalación de centros de atención al cliente.
En este campo la concepción tradicional del Estado-Nación se modifica por efecto de la llamada sociedad de la información. Ahora, diversas teorías consideran que las nuevas formas democráticas están ligadas a la participación social, las finanzas globales, la tecnología política, la legitimación mediática, y la transparencia de las finanzas públicas. Tales cambios merecen una reflexión desde dos puntos de operación:
? Las libertades humanas presentan modificaciones globales en sus concepciones políticas y públicas.4
? El Estado-Nación se transforma por el cambio tecnológico y genera la aparición de nuevas formas democráticas5. Surgen esferas de participación social a través de libertades informativas que coexisten con un nuevo modelo de relación sociedad-poder público.
El origen mexicano de los proyectos para transformar la administración pública se remonta al año 2000, cuando se creó a nivel federal el sistema e-México, cuyo fin fue facilitar a todos los ciudadanos el acceso a los servicios gubernamentales a través de las nuevas tecnologías bajo una serie de criterios generales6:
1. Que el sistema sea federalista; es decir que integre a los tres niveles de gobierno. Facilitar la gestión entre las ciudades y los municipios.
2. Que el sistema sea transparente: es decir, el desarrollo de un sistema confiable, seguro, efectivo y que genere certidumbre a todos los usuarios y participantes del mismo.
3. Que el sistema no sea una carga onerosa para el gobierno: que el desarrollo del sistema no genere un gasto económico para la sociedad.
El proyecto e-México en su fase teórica e inicial concuerda con los principios elementales del derecho a saber. La puesta en marcha del plan federal se desarrolló paralelo al reconocimiento de garantías civiles que se registró en la última década con la aprobación de leyes de acceso a la información en el mundo.7
Como ejemplo de la transformación actual a nivel Estado, puede citarse el proyecto que promueve el gobierno de Sonora, titulado ?sonorasoft?, mediante el cual se pretende crear una relación entre el gobierno, las instituciones educativas y las empresas de las tecnologías de la información con la finalidad de crear una industria del software. La inversión para el presente año se estima en 115 millones de pesos.8
Uno de los argumentos mediante los cuales los gobiernos apuestan al sector de tecnologías de la información, es el aumento en la demanda de servicios, donde Estados Unidos genera al año 198 mil millones de dólares, Japón 65 mil millones de dólares y Alemania 32.3 millones de dólares.9
Otro caso de la transformación del Estado y su tránsito al e-government, es el caso de Zacatecas, México, donde el gobierno estatal ha promovido a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la industria de la información para capacitar a profesores y extender el conocimiento tecnológico hacia los estudiantes. El gobierno le apuesta al conocimiento como motor de transformación para generar nuevas fuentes de riqueza.
Por otro lado, también en Zacatecas en el año 2007 se puso en marcha a través de la Contraloría Interna del Poder Ejecutivo, un programa tecnológico denominado ?Kioscos informáticos?, a través del cual los servicios para el público son aterrizados en una plataforma digital, terminando con el burocratismo y eliminando el factor espacio-tiempo. Un proyecto similar también opera en otros estados, como Guanajuato y Chihuahua.
¿Hasta dónde la tecnología transforma la vida pública?. Analistas y futurólogos esperan que en breve se pueden cambiar más estructuras por obra de la tecnología, donde precisamente uno de los pendientes en la democracia mexicana es el voto electrónico, que ya opera en varios países del mundo, donde las personas que vivan fuera de su país, podrán participar en la elección de autoridades mediante el correo electrónico o por un sistema diseñado especialmente para sufragar.
Para concluir, hay que señalar que el gobierno digital es una nueva forma de hacer políticas públicas en México, incluyendo todas las plataformas orientadas hacia el acceso a la información. Las entidades federativas y los Ayuntamientos, cada vez asumen un mayor funcionamiento virtual que les permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora la política se desliga de la estructura ?pesada? y asume características de subsidiaridad, de flexibilidad, de coordinación, de participación ciudadana, modernización, profesionalización de actores y retroalimentación.10
Referencias
1. Castells Manuel. La Galaxia Internet, Plaza Janés, Madrid, 2001, p. 156
2. Villanueva, Ernesto, Derecho de la Información, Editorial Porrúa, México 2006. p. 21
3. Para mayor información sobre estadísticas de solicitudes de información en el gobierno federal, consultar la página de internet del Instituto de Acceso: www.ifai.org.mx
4. Held Martin & Anthony McGrew. Global Transformations, Editorial Blakwell, Reino Unido. p.32-49
5. Sustein, Cass. República.com, Editorial Paidós, Barcelona 2003. p. 186-197
6. Islas, Octavio. Internet: columna vertebral de la sociedad de la información, Editorial Porrúa, México 2005. p. 29-66
7. Ackerman, John & Sandoval, Irma. Leyes de Acceso a la Información en el Mundo, Cuadernos de Transparencia del IFAI, México 2005. p. 40
8. Datos obtenidos de la página de Internet del proyecto: www.tisonora.net y www.impulsor.com.mx.
9. Informacicón consultada de ?The emergign global labor market: part I?, Mckinsey Global Institute, Junio 2005.
10. Fleury, Sonia. ?Legitimidad, estado y cultura política, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p.40
Sergio Octavio Contreras:
Master en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC).